Mientras el país atraviesa por retos económicos que obligan a subir las tasas de interés y a todos los colombianos les toca amarrarse el cinturón debido a la alta inflación, los funcionarios públicos y judiciales siguen gastando de lo lindo en onerosos viajes que resultan ser, algunas veces, innecesarios. Es un caso generalizado en el gobierno. Pero también en las Altas Cortes.
Un listado obtenido por esta columna muestra que, solamente en 2022, en la rama judicial se gastaron más de 11.000 millones de pesos en viáticos de viajes, hoteles, y tiquetes aéreos, únicamente para cursos de formación judicial. Digámoslo otra vez con todas sus letras: once mil millones de pesos.
Importantes cursos en temas como ejecución de penas, en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, programas de formación en restitución de tierras, capacitaciones para la consolidación del Consejo Superior de Judicatura, entre otros. Y, por supuesto, cómo no, ningún mejor lugar para tomar esos entrenamientos de forma juiciosa y concentrada que el hermoso mar de los siete colores de la isla de San Andrés. O la brisa abrazadora de la ciudad histórica de Cartagena. O los atardeceres coloridos de las bellas playas de Santa Marta. O la arquitectura colonial de la histórica Villa de Leyva.
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