Una intensa negociación de votos está ocurriendo tras bambalinas en la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Todo para lograr el cometido del gobierno nacional de devolver un favorcito y poner a José Ovidio Claros Polanco, un polémico y sombrío jurista, como presidente de la organización.
Es también una rara situación en la que el gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración de la alcaldesa Claudia López están remando para el mismo lado, cada uno con motivaciones e intereses distintitos, pero los dos con el mismo objetivo de poner al cuestionado abogado como cabeza de la institución que hasta hace poco manejaba Nicolás Uribe.
El lobby que están haciendo los enviados, funcionarios y representantes de las dos administraciones con los que toman la decisión, ha sido tenebroso. Y, seguramente, lograrán su cometido ya que, como dice el refrán, el que persevera, alcanza, y más en la repartición de burocracia. Pero expliquemos un poco el contexto para que entiendan el entramado.
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