La reciente decisión de la Corte Constitucional, a través del fallo T -158 de 2023, donde supuestamente aclara que el aborto no es un derecho fundamental, que no está legalizado, y que el sistema de salud no tiene la obligación de practicarlo, es por lo menos incoherente, y por lo demás bastante peligrosa. Argumentar que en la práctica no aumentarán aún más las barreras a la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, es mentirle al país. Es una equivocación grosera y abiertamente incongruente con el robusto desarrollo jurisprudencial que la misma Corte Constitucional ha venido creando de manera unificada a lo largo de muchos años.
La tutela fallada por tres magistrados de la Corte Constitucional, y no por la Sala Plena, donde revisaron las decisiones adoptadas por otras dos instancias de menor rango, intenta, sin éxito, dirimir la tensión entre los derechos reproductivos de una mujer perteneciente a una comunidad indígena en el Cauca que solicita una IVE porque el embarazo estaba afectando su salud mental y la autonomía del resguardo indígena al negársela. Concluyen los magistrados, de manera bastante superficial y peligrosa, que el resguardo puede aprobar -o no- el procedimiento pero que debe ser mejor valorado y ponderado.
Sin embargo, lo peor de la tutela es que de manera aislada, y sin tener en cuenta los fallos precedentes sobre la materia, ignora el derecho fundamental a la salud que incorpora los derechos a la salud sexual y reproductiva de los cuales hace parte el derecho al aborto. Además, deja casi al libre albedrío de cada médico la decisión, personalísima e intransferible, que tenemos las mujeres de abortar antes de la semana 24 por cualquier causal y que ya fue reconocida por la misma Corte Constitucional.
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