
Dos noticias buenas y dos malas marcan el cuarto ciclo de conversaciones con el ELN en Caracas. El cese al fuego bilateral y la instalación del Comité Nacional de Participación constituyen avances importantes en las negociaciones con la guerrilla, a los que nunca se había llegado en intentos anteriores. Si se cumple con ese primer acuerdo, con una estricta verificación nacional e internacional, el cese contribuirá a aliviar el drama humanitario de comunidades enteras en Arauca, Norte de Santander, Chocó, Nariño o Cauca. En los cuatro años del Gobierno Duque el ELN creció geométricamente. Pasamos de poco menos de 3.000 integrantes en agosto de 2018 a más de 6.000 en la actualidad, y aumentaron significativamente sus acciones terroristas contra nuestra fuerza pública y la población. Detener la ola de violencia en esos territorios es una buena noticia para su gente.
La instalación formal del CNP también es un gran avance en el propósito de garantizar una participación vinculante de la sociedad civil en la construcción de las reformas y la paz. Es una nueva versión de la Convención Nacional que proponían los elenos en la década de los noventa. La conformación de esa instancia consolida un espacio de concertación entre organizaciones sociales, comunidades organizadas, gremios, academia y sectores políticos del país. En los próximos dos años se discutirán en ese escenario los principales temas de la agenda nacional y se espera sean útiles y realistas las conclusiones de este inédito y perfectible proceso de participación. Ojalá se pacte además la extensión del cese al fuego por ese mismo periodo, con lo que se salvarían muchas vidas y se recuperaría la tranquilidad en los territorios. Así se podrá construir un círculo virtuoso de diálogo permanente con los fusiles silenciados, que garantice el cumplimiento de los acuerdos del Teatro Colón. No podemos olvidar que en la mayoría de los 170 municipios PDETS es donde hace presencia más fuerte la guerrilla del ELN.
Lamentablemente estas dos buenas noticias han sido empañadas por dos malas que generan dudas justificadas entre los colombianos que queremos la paz y dan municiones a quienes solo ven una salida militar al conflicto. Las denuncias sobre el posible atentado al fiscal general de la nación no se pueden tomar a la ligera. No se trata de un juicio a su gestión. La reacción del presidente y el ministro de Defensa fue adecuada y es clave esclarecer este episodio. Los colombianos tenemos razones de sobra para no creer en la palabra del Coce, cuando afirma que el atentado es un invento. Es fundamental que las investigaciones avancen, determinar la veracidad de los hechos, proteger la integridad del fiscal y establecer si se trata de una estructura del ELN que intenta sabotear el proceso de paz, como ha sucedido en ocasiones anteriores con el frente Nororiental de alias Pablito en Aragua o el Noroccidental en el Chocó. Son conocidas las divisiones internas en esa guerrilla.
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