La cartelización es un pacto ilícito en perjuicio o daño a un tercero que, según la Corte Constitucional, constituye un acto de corrupción. Así lo recordó la semana pasada la veeduría ciudadana Todos por Medellín, cuando dio a conocer el resultado de una investigación que duró once meses y con la que lograron evidenciar que en la capital antioqueña se habría configurado otro carrusel de la contratación en Colombia.
Lo que presuntamente se hizo en Medellín es una práctica, no por todos conocida pero sí bastante denunciada en otras regiones y en algunos medios de comunicación, que consiste en entregar miles de millones de pesos de los entes territoriales a entidades que se crean para solucionar problemas y necesidades básicas de cada región, pero que terminan convirtiéndose en ‘contrataderos’ que después adjudican procesos a dedo, saltándose la Ley 80.
Esos ‘contrataderos’, en muchas ocasiones, cuentan con recursos tanto públicos como privados, es decir, pueden ser entidades mixtas, y reciben el dinero a través de los famosos contratos interadministrativos que no tienen los mismos requisitos ni exigencias que tiene un proceso contractual normal o una licitación con la que se busca garantizar la libre competencia.
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