
Esta semana la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del exsenador Arturo Char por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante, dentro del proceso que se adelanta por el entramado de corrupción y compra de votos en la campaña para llegar al Congreso en 2018. Pese a que en contra del clan Char han existido cuestionamientos y graves denuncias, esta sería la primera vez que la familia más poderosa de la costa Atlántica tenga a uno de sus miembros en la cárcel.
Según la Corte, Arturo Char habría sido parte de un acuerdo delictivo para comprar votos de forma masiva en el Atlántico, del cual no solo se habría beneficiado él, sino también la condenada excongresista Aida Merlano, quien aspiraba al Senado, y Lilibeth Llinás, entonces candidata a la Cámara de Representantes.
La compra de votos no es algo nuevo ni desconocido en el país, es una práctica que, lamentablemente, se ha normalizado y de la que se habla con total naturalidad en algunas regiones. Lo que no se había visto es una condena como la de Merlano por dicho asunto. El hecho fue tan escandaloso que la excongresista prendió el ventilador y reveló detalles de la operación. Allí dejó clara la responsabilidad de Arturo Char y su hermano Álex, hoy candidato a la Alcaldía de Barranquilla.
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