
No cabe duda de que incluso en Bogotá, donde no es tan palpable la violencia de grupos criminales, puede haber riesgos altos de seguridad para dirigentes y líderes políticos.
Lo que sí es muy discutible es que el mero hecho de asumir el cargo de concejal de Bogotá convierta a un ciudadano, de la noche a la mañana, en persona con riesgo extraordinario de seguridad.
Y es eso, precisamente, lo que ha venido ocurriendo con los concejales de la capital del país desde 2014. Esto, por obra y gracia de un convenio que ese año firmó la Secretaría de Hacienda con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para evaluar los riesgos de seguridad de cada uno de los concejales y asignar esquemas de protección, si fuera el caso.
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