El Gobierno nacional tiene una agenda reformista y de “paz total” a la que le apostó todo su capital político y a la cual le ha dedicado todas sus energías. Se podría decir sin exageraciones que el presidente Petro ha abdicado sus demás responsabilidades administrativas y ejecutivas para dedicarse obstinadamente a lograr la aprobación -o imposición- de los proyectos de ley bandera de su gobierno.
Los proyectos de ley presentados han despertado inmensos cuestionamientos por parte de la opinión pública. Igualmente, muchos expertos han demostrado -con sesudos análisis técnicos y fiscales- la inconveniencia de esas iniciativas. La creciente impopularidad que sufren el presidente y su administración tiene mucho que ver precisamente con las inquietudes y angustias que han despertado sus proyectos de ley.
La “paz total” también ingresa a la agenda legislativa. El gobierno se verá obligado a intentar aprobar una ley de sometimiento a la justicia si desea avanzar en la negociación con el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales. Y posiblemente también tendrá que buscar aprobación del Congreso para su idea de entregar dineros y responsabilidades de contratación y administración de recursos públicos al ELN. Así las cosas, al Poder Legislativo le correspondería, por definición, la misión histórica de examinar con lupa los proyectos y trancar sin terquedad todos aquellos cambios que a criterio de la opinión y los expertos van a generar colapso y caos.
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