
Según todos los indicadores nacionales e internacionales, Colombia tiene malos resultados en educación económica y financiera (EEF). Las últimas convenciones de los gremios del sector financiero, asegurador y bursátil del país han llamado la atención sobre la necesidad de cambiar esta situación. La semana pasada, en el Congreso anual de Fasecolda, se analizó la actualidad del sector de seguros a nivel internacional y se discutieron los retos del país en el contexto económico y político. En Colombia, la penetración de los seguros es cerca del 3,2% del PIB. Más o menos en el promedio latinoamericano. Pero si se descuentan los seguros obligatorios, dicha cifra se reduce a 2%. Este porcentaje es muy bajo con respecto al promedio de los países de la Ocde, que es del 9,3%. Para transformar la situación del país es necesario que además de las políticas sectoriales, se ofrezca una adecuada educación económica y financiera.
Hace dos meses, en la Convención de Asobancaria, se puso en evidencia el avance que se ha logrado en inclusión financiera. Dos datos son significativos. Primero, cerca del 95% de la población posee al menos un producto financiero y, segundo, se realizan más de 31.000 transacciones por minuto. No obstante estos logros, aún persisten enormes brechas en inclusión. Es necesario prestarles más atención a los jóvenes, a las mujeres, y a diversas poblaciones vulnerables, como la rural. La brecha en el acceso a servicios financieros entre hombres y mujeres es de aproximadamente 7 puntos porcentuales. Las diferencias son similares en el campo de la educación económica y financiera. Avanzar únicamente en inclusión financiera sin tener el mismo avance en EEF, genera un riesgo para el bien-estar de la ciudadanía.
Los encuentros (incluidos los de Asobolsa y Asomicrofinanzas) destacaron que la educación económica y financiera es cada vez más relevante. Es una capacidad necesaria para cerrar las brechas sociales y económicas. La diversa literatura internacional visibiliza igualmente que invertir en ella no beneficia únicamente al sector financiero, sino que contribuye al desarrollo económico general, al bien-estar económico de los ciudadanos y al ejercicio de su libertad. La Superintendencia Financiera ha liderado el llamado a avanzar en ese sentido.
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