A seis años de la muerte de Jorge Enrique Pizano, aún no se ha llevado a cabo la primera audiencia en la demanda laboral que adelanta la familia del desaparecido controller. Para terminar de enrarecer las cosas, el proceso acaba de ser reasignado a otro juzgado.
La muerte de Jorge Enrique Pizano, excontroller de Ruta del Sol II, y la de su hijo Alejandro, en circunstancias aún no esclarecidas, ha tenido consecuencias muy dolorosas para su familia. Por un lado, enfrentarse al dolor de perder a dos de sus seres más queridos, y por el otro, enfrentarse a una larga y frustrante lucha por obtener justicia. Además de los resultados de las investigaciones para esclarecer las muertes violentas de Jorge Enrique y Alejandro, las hijas y la viuda de Pizano siguen a la espera del pago de salarios y otras obligaciones adeudadas por el consorcio, hoy en liquidación, a su padre.
El proceso judicial para lograr este pago estuvo años sin moverse en las estanterías del Juzgado 22 Laboral del Circuito de Bogotá. La primera audiencia del proceso, que se inició en 2017 por una reclamación del propio Jorge Enrique Pizano, estaba programada para el 9 de octubre pasado, pero fue suspendida. La suspensión ocurrió porque el expediente fue enviado a otro despacho, el Juzgado 51 Laboral del Circuito de Bogotá. La redistribución fue ordenada en cumplimiento de un acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
Santiago Morales, abogado de la familia, es consciente de que dicho cambio retrasará aún más el paquidérmico proceso. El nuevo juez deberá conocer el expediente y programar las audiencias del caso.
Entretanto, en el Congreso de la República cursa una ley con la que se busca implementar herramientas para proteger a testigos y denunciantes en casos de corrupción. Se llama la ley Jorge Enrique Pizano, merecido homenaje al excontroller. Pero, en plata blanca, las hijas y la viuda del ingeniero muy poco, o casi nada, han recibido en materia de justicia y reparación.
La liquidación de la Concesionaria Ruta del Sol II, de donde depende el pago a las Pizano, está en manos de Darío Laguado, un abogado que ha manejado la liquidación de todas las empresas de Odebrecht en Colombia. Laguado, designado por la Superintendencia de Sociedades en 2020, ha estado vinculado a figuras clave del escándalo, como Néstor Humberto Martínez y el Grupo Aval.
En septiembre de 2023, en una entrevista con Caracol Radio, Laguado aseguró que el dinero para pagar a la familia Pizano está disponible y que la deuda sería una de las primeras en ser saldadas. Según sus palabras, bastaba con que la Superintendencia de Industria y Comercio levantara las medidas cautelares sobre 200.000 millones de pesos para que el pago se hiciera en un lapso de dos meses. Sin embargo, a pesar de las promesas, las hijas y la viuda de Jorge Enrique Pizano aún siguen esperando.
Ante esta situación, es inevitable preguntarse qué más se puede hacer para que el proceso avance. Aquí es donde el Ministerio de Justicia podría desempeñar un papel importante. Si bien no puede intervenir directamente en las decisiones judiciales, el ministerio tiene la capacidad de supervisar y garantizar que no haya más retrasos injustificados. A través de la Procuraduría o el Consejo Superior de la Judicatura, podría solicitar una vigilancia especial del caso, asegurando que se tomen medidas para evitar más dilaciones. Además, el ministerio podría ofrecer apoyo a las Pizano como víctimas de un sistema que hasta ahora no les ha dado respuestas.
Otra opción, quizás la más viable y moralmente correcta, es que Darío Laguado explore una conciliación con la familia Pizano. A pesar de las dificultades jurídicas, Laguado ha reconocido públicamente que hay recursos disponibles para saldar la deuda. Llegar a un acuerdo con las Pizano no solo resolvería un conflicto que ya ha durado demasiado, sino que también aliviaría el sufrimiento de una familia que ha soportado no solo la pérdida de su ser querido, sino también el peso de un proceso judicial sin fin.
Legalmente, la familia Pizano sostiene que su padre tenía una relación laboral directa con la concesionaria, más allá de los contratos que se gestionaban a través de su empresa. Este “contrato realidad” busca demostrar que Pizano tenía derecho a prestaciones y salarios como cualquier otro empleado. Humanamente, esta familia ha esperado lo suficiente. No se trata solo de dinero, sino de darles una respuesta justa después de tantos años de incertidumbre.
El Ministerio de Justicia podría facilitar un camino hacia la conciliación, utilizando sus mecanismos de resolución alternativa de conflictos para evitar que el caso se siga dilatando. Darío Laguado, como responsable de la liquidación, tiene no solo la posibilidad, sino la obligación moral de llegar a un acuerdo con la familia Pizano. Esto no solo resolvería el aspecto económico, sino que también sería un acto de justicia con quienes han mantenido la memoria de Jorge Enrique Pizano viva, luchando por lo que les corresponde.
Es hora de que el Estado y quienes manejan este caso cumplan con su deber. La deuda con las Pizano debe saldarse, no solo como un acto de justicia económica, sino como un reconocimiento a la familia de un hombre que, de manera heroica y solitaria, develó el mecanismo con que funcionó uno de los entramados más grandes y sofisticados de corrupción en Colombia.
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