La dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior no suele ocupar grandes titulares en la prensa. Su labor, sin embargo, es fundamental. Se encarga de la organización de cerca de 11.000 iglesias registradas en el país, así como de entregar o quitar personerías jurídicas. El gobierno del presidente Petro, que lo prometió en campaña, duplicó su presupuesto anual, de 2.000 a 4.000 millones, y le entregó la dirección a una ficha del dudoso pastor Alfredo Saade. Luego, en agosto, el ministro Juan Fernando Cristo declaró insubsistente a esa ficha, Amelia Rocío Cotes Cortés, quien ocupaba la dirección desde octubre de 2022. La señora Cotes Cortés, en su defensa, dijo que la habían sacado por “incómoda”, y que sus denuncias de actos de corrupción dentro del ministerio terminaron por pasarle factura.
El ministro Cristo, en cambio, decía otra cosa: los motivos fueron las malas gestiones, entra ellas tratar de convertir la dirección de Asuntos Religiosos en una suerte de fortín burocrático para ubicar allí a personas cercanas a Saade. Ahora vamos por partes. Cotes Cortés, después de que la declaran insubsistente, interpone una tutela ante el Juzgado doce de familia de Bogotá, y pierde. Luego, impugna ese fallo de primera instancia ante la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, que revoca la decisión del juzgado y ordena al Ministerio del Interior reintegrar a Cotes Cortés en menos de 48 horas. El argumento fundamental es que ella, al momento de ser declarada insubsistente, era lactante y madre cabeza de familia.
Un certificación expedida el 24 de julio por la caja de compensación Cafam, sin embargo, muestra que Cotes Cortés vive en Unión Libre con José Fernando Fuentes Morales, que es el papá de su hija, quien nació el 27 de febrero de 2024. La declaratoria de insubsistencia llegó seis meses después, el 22 de agosto. Dos meses después de terminada la licencia de maternidad, que es de 18 semanas según el Departamento Administrativo de la Función Pública. Su cargo, además, es de libre nombramiento y remoción, lo que quiere decir que una vez cumplido su tiempo de maternidad, el ministro Cristo estaba en su derecho de removerla y nombrar, como se hizo, a un nuevo funcionario. Sobre la situación de vulnerabilidad de Cotes Cortés, el ministerio aclara que una semana después de su salida, se le pagaron 98 millones de pesos de liquidación, más 18 millones que tenía como cesantías.
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