Por qué sí la reforma al Sistema General de Participaciones

A la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones -SGP- le surgieron varios críticos provenientes de la tecnocracia económica, algunos de ellos exministros de Hacienda.

Uno de los críticos dijo que esa reforma es un desastre para el país. Lo que es realmente un desastre es el atraso, la pobreza, la violencia y la exclusión que se vive en varias de las regiones, sobre todo las más apartadas del centro geográfico. Para ellas, el centralismo no ofreció ninguna respuesta durante la vigencia de la Constitución de 1886; y la de 1991, que es prolija en el reconocimiento de derechos, sigue en deuda con los derechos de los ciudadanos que allá residen. Una de las razones por las cuales la Constitución de 1991 sigue en deuda, es porque a pesar de haber establecido la autonomía territorial, esta no se puede aplicar en un régimen en el que la nación concentra la mayoría de los recursos y las decisiones sobre su destino.

También han planteado que con la reforma se avecina un desbalance económico sin antecedentes. Frente a ese argumento hay que señalar que están poniendo en la balanza la disminución de ingresos de la nación versus sus competencias actuales. Y claro, habría un desbalance monumental si un mayor número de recursos se transfieren a departamentos y municipios mientras la nación conserva las competencias que hoy tiene. Lo que no se está diciendo con claridad es que la reforma constitucional solo entrará en vigencia una vez se apruebe una ley que redistribuya competencias para que muchas de las que actualmente tiene la nación pasen a los departamentos y municipios. Cada porcentaje que la nación pierde en ingresos está asociado al desprendimiento de varias de sus competencias.