¿Qué sigue?

Lo fácil fue aprobar la reforma del Sistema General de Participaciones (SPG) que le traslada un montón de recursos a las administraciones locales, sujeto a que el Congreso apruebe una ley de competencias que supuestamente conseguiría no desestabilizar las finanzas públicas. Ya hay gente dentro y fuera del Gobierno soñando con la posibilidad de cambiar la organización del Estado.

Es que no se debería aprobar una ley de competencias, en primer lugar, sin haber reformado antes el Estado. Equivaldría a poner el caballo detrás del carro, en lugar de quedar adelante, como corresponde. En la Asamblea Constituyente de 1991, los asambleístas obligaron al Gobierno a ceder primero los recursos y luego establecer las competencias y esto no dio los mejores resultados. Ahora no se deben pasar competencias sin tener un Estado que las pueda desarrollar y hacer cumplir, como se espera de los estados modernos.

Para hacer bien la tarea en dirección a una mayor descentralización, algo que parece ser la preferencia de la ciudadanía en las regiones menos favorecidas y en departamentos poderosos como son Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander, en donde pesan muchísimo las ciudades capitales, hay muchos interrogantes no resueltos.