
Veía en estos días una discusión álgida por la instalación de una infraestructura en la Isla de Gorgona para actividades de vigilancia y control.
Muchos esgrimían toda clase de argumentos sobre los impactos de esa infraestructura, o de sus actividades, del personal, en fin, de cuanto había a la mano para el debate. Pocos ponían sobre la mesa los tremendos impactos producto del tráfico de narcóticos y actividades de pesca industrial en sus aguas y rededores. Al parecer, “el gran hermano” logra desplazar el debate a otro eje, el de soberanía, que también será esencial en los debates que vendrán con otros casos de economías ilegales, áreas protegidas y fronteras.
La medida fue adoptada con un conjunto de acciones, que claramente muestran un intento de abordaje integral de las necesidades de gestión de un área protegida, y de articulación regional con las comunidades locales, la academia, y las actividades económicas asociadas al ecoturismo. Sin embargo, la discusión giró en torno a la instalación de la infraestructura de vigilancia.
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