
En Colombia siempre ha existido una tensión entre la capital y el resto del país. Eso es inevitable, dado el peso administrativo, económico, político y geográfico de Bogotá. Además, la significativa diversidad geográfica y regional del territorio hace más desafiante la relación centro-periferia.
Esa tensión se exacerbó desde la llegada de Gustavo Petro al poder. El presidente arrancó su gobierno con una campaña administrativa y financiera en contra de las decisiones de la entonces alcaldesa Claudia López. Desde ese momento ha tratado de descarrilar la primera línea del metro actualmente en construcción. El intento de coartar la autonomía de la ciudad capital no ha cesado. Esa actitud no ha aminorado, de hecho ha escalado proyectándose más allá de Bogotá.
Las elecciones de octubre pasado, en las que el Pacto Histórico recibió una paliza memorable, actuaron como un catalizador adicional de la ira y la agresividad de la Casa de Nariño. Las regiones y las ciudades en las que los votantes rechazaron ampliamente a los candidatos del gobierno han sido señaladas por el primer mandatario como una especie de objetivo militar. El presidente Petro después de las elecciones regionales calificó a los gobernadores y alcaldes de acuerdo con su cercanía -o su obsecuencia- con el gobierno. A partir de allí se ha dedicado a discriminar contra quienes no son de sus afectos.
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