
En agosto del año pasado, Corficolombiana y el Grupo Aval llegaron a un Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (“DPA” por sus siglas en inglés) con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y firmaron una orden de “Cease and Desist” con la Comisión de Bolsa y Valores (“Securities and Exchange Commission” – SEC) de ese país.
A partir de las declaraciones hechas a los norteamericanos, volvió a explotar el escándalo de Odebrecht en Colombia. No era para menos. Se dieron a conocer nuevos hechos en el caso. Las compañías mencionadas asumieron, entre otras cosas, su responsabilidad por la conducta de uno de sus agentes, el cual pagó coimas a un funcionario público colombiano para obtener la adición de la vía de Ocaña-Gamarra, sin el proceso contractual correspondiente. La persona que recibió los pagos, a quien en ese proceso se le denominó como el oficial colombiano número tres, fue un alto funcionario que estuvo en el gobierno del presidente Santos de 2010 a 2018, según lo confesado ante las autoridades gringas.
De esa manera, el país se enteró de que los hechos de corrupción en el caso de Odebrecht y Corficol no se limitaban a los pagos que se hicieron para la adjudicación del contrato de Ruta del Sol II, por los cuales habían sido condenados tanto el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales y el expresidente de Corficol, José Elías Melo, sino que eran mucho más graves y habían continuado hasta 2015.
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