¿Bosques sin Estado o estrategia de negociación?

Aparecieron las cifras del Global Forest Watch esta semana y anuncian un histórico descenso de la deforestación en Colombia, en el periodo 2022-23. Tamaño anuncio merece una revisión detallada, pues la tentación de celebrarla, es de muchos, y es allí donde precisamente está el peligro de no explorar detalladamente sus causas.

Como pocas veces antes, el gobierno de turno le ha dado prioridad a la lucha contra la deforestación, expresado esto en su asignación presupuestal, en los desarrollos jurídicos para el uso sostenible de la reserva forestal, en el reconocimiento de derechos a las poblaciones locales, la promoción de la economía forestal, los pagos por servicios ambientales, así como la disposición a avanzar en la formalización de tierras, creación de reservas campesinas y restitución de tierras en resguardos así como el redireccionamiento de la política de aplicación de la ley hacía la investigación de grandes capitales que financian el acaparamiento de tierras.

Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que se desarrollen procesos de gran escala, pues han contado con un fenómeno de crecimiento y consolidación de los grupos armados, especialmente las disidencias de las Farc, quienes han ejercido un control cada vez mayor sobre la población en estos departamentos, y quienes cuentan no solo con la capacidad para orientar los aspectos básicos de convivencia, sino respecto al uso de recursos naturales, ocupación de tierras y sistemas productivos. Ese control, incluyó la orden de suspender la deforestación y quemas entre finales del año 2022 hasta el último trimestre de 2023. Esta decisión se toma, luego de cinco años previos donde hubo las tasas más altas de deforestación y apropiación de tierras públicas de este siglo en la región amazónica. Más de medio millón de hectáreas fueron deforestadas y apropiadas, así como más de 1,2 millones de vacunos entraron en los municipios alrededor de Chiribiquete que marcan la frontera agropecuaria.