¿Qué hacer con la acción pública de inconstitucionalidad?

A partir de la adopción de la Constitución de 1991 se creó la Corte Constitucional, a la cual se le encomendó la protección de esta carta política. Desde ese entonces, la Corte ha sido una institución clave en la protección de los derechos fundamentales de los colombianos, la protección de minorías oprimidas y la limitación de los distintos poderes públicos. Mucho le debemos a las decisiones de la Corte para la preservación y estabilidad de nuestras instituciones y del Estado social de derecho contenido en la Constitución.

La Corte ha ejercido la importante tarea de protección de la Constitución mediante dos mecanismos: la acción pública de inconstitucionalidad y la revisión de los fallos de tutela que expiden el resto de los jueces del país. En cuanto a la acción pública de inconstitucionalidad, la producción de la Corte ha sido impresionante; hasta el momento se han expedido 7266 sentencias en esta materia. A través de ese mecanismo, se ha logrado, entre otras, evitar abusos de poder por parte de la rama ejecutiva, la perpetuación de ciertos proyectos políticos populares, la materialización de ciertos derechos poco populares y la protección de los derechos de ciertas minorías históricamente despreciadas y discriminadas.

A pesar de esta labor, que como lo he dicho ha sido fundamental para mantener una democracia sana y estable, la producción de la Corte en relación con la acción de inconstitucionalidad ha venido disminuyendo en términos generales desde 2000. De 394 sentencias de constitucionalidad proferidas en ese año, la Corte pasó a 158 en 2023, es decir, mucho menos de la mitad. La línea desde ese año pico, que fue el 2000, ha estado en picada. Uno podría pensar que la Corte está profiriendo menos sentencias por año, como consecuencia de que hay menos acciones presentadas y normas demandadas. No es el caso. La presentación de demandas ha sido relativamente uniforme, según lo muestran las estadísticas que dicha Corte presenta. En 2000, por ejemplo, se presentaron 598 acciones, mientras en 2023 se interpusieron 571 (solo 27 menos que en 2000).