En 2017, a los trancazos, muy a su estilo, el entonces alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, pretendió que un subalterno suyo, César Fontecha, director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab), aprobara un documento presentado por la Unión Temporal Vitalogic RSU, en un proceso en donde se elegiría el operador de basuras en la ciudad a treinta años. Fontecha no solo se opuso a aceptar el documento, sino que, junto a otro profesional de la Emab, Abelardo Durán, pusieron en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades y las presiones.
Recientemente, un fallo del Consejo de Estado le dio la razón a Fontecha. Pero haberse enfrentado a los intereses del hombre más poderoso de su ciudad le ha costado dolor y lágrimas, muchas lágrimas. Ser denunciante de corrupción en Colombia suele salir muy caro.
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