Muy difícil resulta hoy para el Gobierno explicarle a la opinión pública por qué firmó con el ELN un acuerdo sobre la participación de la sociedad en el proceso de paz, cuando esa guerrilla no cede en el secuestro extorsivo, y por qué mantiene diálogos con disidencias de las Farc, cuando cada día las noticias dan cuenta de acciones armadas de los disidentes, que han agudizado el sufrimiento y la zozobra entre amplios grupos de la población civil.
La confusión reina entre los colombianos porque fue precisamente la disminución del sufrimiento de los civiles el argumento reiterado del presidente Gustavo Petro y sus coequiperos en la búsqueda de la paz, al justificar su ambicioso plan de abrir conversaciones simultáneas con grupos armados ilegales de distinta índole, que requerían tratamiento jurídico distinto. Un desafío mayúsculo.
En su Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que tituló ‘Colombia, Potencial Mundial de la Vida’ y que fue aprobado por el Congreso el año pasado, Petro aseguró que todos los grupos que quisieran participar en la paz total debían “asumir como punto de partida el respeto a la vida: no torturar, no desaparecer, no matar y evitar confrontaciones letales, entre ellos y con la fuerza pública”.
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