¡Esperanza verde, ministras!

Luego de unas semanas agitadas por las cifras de aumento ganadero en las zonas deforestadas de la Amazonia, así como el crecimiento de la conflictividad social, expresada en amenazas a líderes sociales, además de la insólita amenaza sobre los funcionarios del Sistema Nacional Ambiental, aparecen algunas señales de esperanza. Tuve la oportunidad de hablar con organizaciones sociales y líderes de la región, que iban desde la Uribe hasta el Yarí, donde se apreciaba una interesante heterogeneidad, social, política, y de enfoques, y complementarios en sus experiencias y presencia regional.

Escuchando atentamente, pude percibir varias cosas relevantes: muchos de ellos hacen una referencia explícita a la necesidad de reconocer en el territorio las categorías de ordenamiento ambiental y sus repercusiones en los usos del suelo permitidos. Esta es una necesidad histórica de las organizaciones colono-campesinas, que durante décadas han sufrido, a punta de ensayo y error, las implicaciones de un proceso desordenado de colonización, a veces con estímulos perversos de inversión pública, o a veces planificados por actores armados o por la magia de las economías ilícitas. Un proyecto urgente, que requiere el país donde el ordenamiento y la zonificación ambiental y productiva son imperativas, y donde aspectos básicos como la alinderación, amojonamiento y socialización de límites y linderos de reservas forestales, resguardos, parques nacionales, y todas las demás figuras tienen implicaciones en el uso, la ocupación y la tenencia del suelo. El balance positivo más grande es que la iniciativa para socializar y adoptar el ordenamiento, surja de las propias organizaciones, lo cual significa un proceso interno de discusión muy poderoso sobre las implicaciones de usar y ocupar aquellas áreas que hoy hacen parte del necesario cierre de la frontera agropecuaria. Eso debe tener una respuesta: reconocimiento de derechos, para quienes son sujetos de derechos en tierras públicas, bajo las diferentes opciones legales que se han desarrollado a la fecha, establecidas en el Plan de Desarrollo y reglamentación que han avanzado el Ministerio de Ambiente y de Agricultura. En las zonas más densamente ocupadas, ya sea en la áreas sustraídas, o de reserva forestal, se abren opciones que van desde la titulación individual convencional, las reservas campesinas, las concesiones forestales campesinas, así como las reservas campesinas sin sustracción, y también los acuerdos de usufructo, entre las varias estrategias que hoy se pueden poner en funcionamiento.

Aquí surgen conversaciones mantenidas durante décadas con los mismos campesinos: tienen en la memoria los procesos de relocalización voluntaria que se hicieron década y media atrás, en zonas icónicas, como fue el Bajo Pato, Platanillo, y el Guejar, donde muchos hitos de la reforma agraria se tocaron. Apoyar la movilización de poblaciones, en las mismas regiones donde habitan y tienen su estructura social y cultural, y mejorando sus derechos territoriales, de inversión pública y ejercicio de ciudadanía, son una alternativa, que hoy se abre paso, dentro del múltiple espectro, de opciones para atender los procesos de ocupación y uso en Parques Nacionales, que tienen una herramienta poderosa en el articulo 7 del anterior Plan de Desarrollo 2018-2022. Señalan la necesidad de abordar el tema de construcciones viales, de las cuales hay perfecta conciencia de sus impactos ambientales, pero también de su urgente necesidad en poblaciones locales, así como la exploración de medios diferentes al de vías terrestres, aún con precios influenciados por las economías de la coca.