Agenda ambiental para lo que viene

La celebración del 20 de julio es el escenario en el que los gobiernos ponen su balance y propuesta de gestión para cada periodo de legislatura. Desde la sociedad civil es una oportunidad para revisar dónde están las prioridades pendientes y las de consolidar procesos previos. Arranco diciendo que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas está en un punto crítico y requiere una transformación de fondo, conceptual, legal, operativa, financiera, entre otros factores. Las áreas protegidas, siendo el 18 por ciento del territorio nacional continental, deben ser un motor de ordenamiento, producción sostenible, gobernanza y participación local, inversión público-privada, incentivos económicos a la conservación, tributación especial. Hoy están sumidas en una crisis donde las economías ilícitas, los derechos territoriales aplazados, la planificación caótica del Estado, los incentivos perversos de política pública –como los incentivos ganaderos desde la sustitución de coca, así como recursos de regalías y Ocad Paz–, que se complementan con el control territorial de cuanto grupo armado hay en el país. ¿Quién se le va a medir al proyecto de reforma del Sistema Nacional de Áreas Protegidas?

En un país como Colombia, la paz ambiental depende de la paz agraria; el reconocimiento de los derechos territoriales tanto campesinos como indígenas, así como empresariales y de medianos agricultores, es pieza vinculante y previa, para garantizar el uso de las áreas de conservación y servicios ambientales de interés y patrimonio público. La estabilización de la frontera agropecuaria será un resultado directo de la implementación de los diferentes modelos de reconocimiento de propiedad, tenencia y uso en las zonas que bordan esta frontera, de la cual depende la seguridad climática del país. El monocultivo de la coca debe ser transformado, así como el extractivismo de oro de pequeña pero masiva escala, tan dañino en lo social como lo ambiental, y tan arraigado en los enclaves armados de nuestro popurrí de grupos criollos.

El sistema de transferencia tecnológica, el sistema nacional de caminos vecinales, el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, el Plan Nacional de Restauración y el Plan de control a la deforestación, en conjunto con municipios y departamentos, deberán ir de manera paralela en la atención de la población residente en estas fronteras de la periferia nacional, con un modelo único de intervención, que garantice la armonía entre los derechos de propiedad y uso, la prestación de servicios públicos, la consolidación de economías licitas y de reconversión, y de consolidación de esa frontera como propósito nacional.