
El viernes pasado se conoció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro está muy cerca de convertirse en el accionista mayoritario de la Nueva EPS con el 51 por ciento de las acciones. La Nueva EPS, la aseguradora más grande del país con más de 12 millones de afiliados, fue intervenida por el Gobierno en abril de 2024 y desde entonces la situación financiera y de servicio de esa EPS no ha hecho más que empeorar. Recordemos que el informe de septiembre de la Contraloría sobre la Nueva EPS reveló, por ejemplo, un deterioro acelerado: en solo 27 meses, antes y durante la intervención, el pasivo creció 198 por ciento, y dentro del Plan de Beneficios en Salud el aumento llega al 208,2 por ciento.
🛑Dato @caracolradio clave de la @NuevaEPS_🚨
— Espinosa (@EspinosaRadio) September 11, 2025
Con esta resolución de la @Supersalud se abre la puerta para que la Nueva EPS, la más grande del país, quede bajo el control absoluto del gobierno, lo que siempre quiso el presidente @petrogustavo
👇🚨👇 pic.twitter.com/Dyx6CBWhic
La jugada del Gobierno, que comenzó a calentarse hace varios meses con una resolución de la Superintendencia de Salud, consiste en que las cajas de compensación, socias de la entidad y aún accionistas mayoritarios con el 50,1 por ciento, le cedan al Gobierno una parte sus acciones para que obtenga una mayoría del 51 por ciento. El problema para el Gobierno, y esto no ha logrado resolverse todavía, es que dentro del Ministerio de Hacienda hay dudas sobre las consecuencias de la cesión para la nación: ¿habría, acaso, un detrimento patrimonial? Paso entonces a explicar lo que me dicen varias fuentes:
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