En la vida de las personas y de los países hay episodios que no pasan; que se quedan para siempre en la primera antesala de los recuerdos. Para nuestro país, el Palacio de Justicia es uno de ellos; y quienes lo vivimos, en mi caso como un joven reportero, sabemos que no solo fue una tragedia: fue como asomarse a la muerte de la República, y a la angustia de constatar hasta dónde pueden llegar la furia y el delirio de los violentos. No es que Colombia quiera cerrar los ojos ante el horror de lo ocurrido; lo contrario. Mil veces se ha repasado e investigado esa tragedia. Lo que se discute hoy es quién tiene derecho a escribir la versión final de esa historia.
La controversia alrededor de Noviembre es un ejemplo. La película sugiere –según los hijos del magistrado Manuel Gaona Cruz, que además son ilustres juristas– que su padre era débil de carácter y simpatizante del M-19. Mauricio y Juliana Gaona fueron a la justicia no para censurar la obra, ni retirarla, ni quemarla en una hoguera. Pidieron que no se diga algo que para ellos no es cierto, según lo han constatado en las investigaciones y testimonios (incluido el informe de la Comisión de la Verdad establecida por la Corte Suprema de Justicia) sobre cómo murió su padre, y las circunstancias que precedieron al crimen. En un diálogo de la película, al personaje de Gaona Cruz le reclaman por ser “uña y mugre con los terroristas (del M-19 )”. Creo que la petición de los hijos es mínima, incluso modesta: “proteger el buen nombre y la honra del magistrado”; en este caso, no convertir a una víctima en cómplice, insinuando que era amigote de los guerrilleros que se tomaron el palacio a sangre y fuego. Quien se aproxime a la historia del holocausto e incorpore ese diálogo como referencia, entendería que no fueron los guerrilleros quienes asesinaron al magistrado. Esa percepción contradice la evidencia, especialmente cuando la investigación de la Corte concluyó que fueron los guerrilleros del M-19 quienes mataron cobardemente a Gaona Cruz. Al final, el juez le da la razón a los hijos del magistrado y ordena omitir el fragmento de un diálogo y aclarar que la obra es una versión de ficción basada en hechos reales.
El presidente Petro, ex miembro del M-19 –y quien alguna vez señaló que esa toma fue planeada por un “genio”– reaccionó señalando que en el caso de la película había “censura”, acudiendo a la “libertad de expresión” para argumentar su posición. Pero la pregunta no es si hay libertad de expresión o artística. La pregunta es otra: ¿qué ocurre cuando el arte afirma hechos falsos o distorsionados sobre personas reales?
En un Estado de derecho, la libertad artística no es una patente de corso para editar o reescribir la biografía de los demás.
Aquí vale recordar lo que la Corte Constitucional había discutido sobre la importancia de la libertad de expresión en el arte. En 2015, el caso Blanco Porcelana (en el que se le da la razón a la artista Margarita Ariza sobre sus propios familiares) fijó el estándar: la expresión artística es un derecho fundamental de atención inmediata. Pero la Corte en ningún momento ampara la imputación falsa de una conducta concreta a una persona identificable, con referencia directa a su nombre, o rasgos que lo señalen con claridad.
Buscar una aproximación más vívida, intima, de los espectadores con lo sucedido en la toma al Palacio de Justicia es legítimo y una buena idea; un camino diferente para tratar de humanizar la historia, de entender el infierno que se vivió adentro del palacio, en los baños, en medio del fuego y la inminencia de la muerte. Ayuda, en el trabajo artístico del cine, trasladar la experiencia del “ellos” al “nosotros”, como lo describe el escritor Pedro Adrián Zuluaga. Eso está bien. Pero la experiencia sensorial tiene un límite: no puede suplir la verdad. No se puede distorsionar el sentido de la carpeta de los testimonios y las pruebas por las atmósferas de producción; y no se pueden llenar los vacíos de la historia con conjeturas que podrían ser calificadas de dogmáticas, o en el mejor de los casos de sesgadas. Una cosa es que en un guion un personaje prefiera el té al café o la papa al arroz: eso no importa. Insinuar en la película –sin pruebas– que Gaona Cruz era amigo de los guerrilleros acusados de asesinarlo, es otra cosa y tiene una implicación familiar y política de gran calado.
El cine es arte, pero en este caso podría dejar de narrar para tachar la hoja y reescribir en un cuaderno que no le corresponde, todavía.
La voz que permitió ver el asunto con precisión fue la de Helena Uran, hija del magistrado Carlos Uran, también asesinado en la toma del Palacio de Justicia.
Su padre fue sacado vivo del palacio y apareció muerto horas después. Ese hecho está documentado y el Estado nunca respondió ni explicó de manera clara sobre lo que pasó con él. En medio de la polémica por Noviembre, el presidente Petro afirmó que el magistrado Uran, padre de Helena, era amigo de Almarales, el jefe guerrillero de la toma.
Helena respondió a Petro con unas frases precisas y llenas de autoridad: “Yo he buscado que la memoria deje de ser usada como ficha de juego político… Habría esperado que, ya que otros no lo hacen, usted presidente le apostara a esa construcción… Por el contrario, en su Gobierno la memoria como cimiento democrático ha sido irrelevante, y cuando aparece, es para generar esto. ¡Absolutamente lamentable!”.
Si queremos entender finalmente lo sucedido, el Palacio de Justicia no necesita tanta ficción, ni en las pantallas ni en los tribunales ni en las cuentas de X. Necesita honestidad. Entonces el dilema es este: ¿queremos recordar para entender, o recordar para absolver a unos y acusar a otros? Si es para entender, hay que contar con precisión y con base en pruebas. En el caso de Noviembre, la ficción debió manejarse con la rigurosidad del buen periodismo o con la vocación esclarecedora de un juez que busca la verdad; porque si es para absolver a algunos, basta con agregar una frase sugerente en un guion.
Por eso, este debate planteado por la demanda de la familia de Gaona Cruz no es caprichoso. No es moralismo. Es humano, es familia y en últimas, responsabilidad histórica y conciencia política.
La libertad artística existe –entre otras razones– para incomodar al poder, no para organizarle la conciencia ni sobarle el lomo. La memoria es un territorio político, y el palacio sigue siendo un campo de batalla de los símbolos. Y ojo, que ahora el poder está en la Presidencia de Colombia. Al respecto, Mauricio Gaona, el hijo del magistrado asesinado, afirmó: “Naturalmente, al presidente Petro no le es favorable el asesinato de un juez de la Corte Suprema por parte de sus camaradas, en condiciones tan atroces…”.
Por eso es clave la discusión sobre Noviembre, porque no estamos discutiendo cine. No es una disputa entre críticos de películas: estamos discutiendo quién tendrá la autoridad de decir “esto fue así”, cuando en el caso del Palacio de Justicia esa conclusión es difusa y no se ha logrado construir de manera integral.
La solicitud de los hijos de Gaona Cruz tiene sentido. Si se delega –inocentemente o no– la autoridad del relato histórico al efecto dramático en un caso como el del Palacio de Justicia, la toma que ocurrió hace ya 40 años estará cada vez más lejos de terminar. Simplemente cambia de narrador.
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