Volver a Convivir

El negacionismo no es el camino ante la posibilidad de un acuerdo político, social y cultural para Colombia que establezca la verdad, la justicia, y la reparación como políticas de Estado. Cuando la historia cuenta con suficientes elementos para establecer esas tres condiciones, con la perspectiva necesaria, a través de documentos, testimonios, investigaciones periodísticas y fallos judiciales —como el que se produjo el pasado martes 25 de noviembre en contra de Santiago Uribe Vélez—, hay que aceptar que lo ocurrido desde mediados de los años ochenta, hasta el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), fue la creación de una estructura paramilitar pensada y organizada bajo el supuesto de combatir a las insurgencias guerrilleras y señalar sin discriminación a civiles incómodos para ese poder, articuló a Fuerzas Armadas, Policía, carteles de narcotraficantes y clase política, dejando como resultado cientos de miles de muertos y millones de personas desplazadas en Colombia. 

La condena a Santiago Uribe Vélez tardó veintisiete años en producirse, y aún tiene un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Uribe Vélez ha sido encontrado culpable en segunda instancia y condenado a veintiocho años y tres meses de prisión por crear y financiar el grupo paramilitar de ultraderecha Los Doce Apóstoles. “Responsable de masacres y otros crímenes atroces en su guerra contra las organizaciones insurgentes de izquierda: Uribe Vélez es penalmente responsable por un concurso de delitos de lesa humanidad, uno de homicidio agravado y otro de concierto para delinquir agravado”.

La responsabilidad de quienes participaron en la conformación de estos grupos, legitimados en 1993 por la Ley 61, que otorgó facultades extraordinarias “para dictar normas sobre armas, municiones y explosivos, y para reglamentar la vigilancia y seguridad privadas”, se establece en innumerables investigaciones periodísticas, testimonios de participantes en estos hechos, testigos de excepción de lo sucedido en las haciendas Guacharacas, La Carolina, y muchas otras, en las cuales se planeó una estrategia de arrasamiento, una empresa criminal comparable a la realizada en la Alemania nazi, cuando se burocratizó desde el Estado la operación de aniquilamiento de miles de personas por razones ideológicas, por su condición social, entre otras razones no justificables.