No se puede tapar el sol con un dedo: Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco están privados de la libertad por corrupción. Según la Fiscalía, los exministros lideraban una organización criminal para comprar congresistas. Mientras la mayoría de esos parlamentarios siguen libres y en campaña para reelegirse, Gustavo Petro sostiene que enviarlos a la cárcel es una persecución a la ciencia.
Al presidente le cuesta admitir errores; lo ha demostrado durante estos tres años y medio. Sin embargo, negar que el mayor escándalo de corrupción de su Gobierno surgió del corazón de su círculo más cercano no es una defensa política: es un irrespeto a los ciudadanos que creyeron en ese proyecto y en la promesa de combatir lo que hoy se convirtió en la mancha más grande de su mandato: el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).
Bonilla y Velasco fueron imputados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. Varios testigos los señalaron de liderar y coordinar el desvío de recursos —que debían beneficiar a poblaciones vulnerables— con el fin de “cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”
Regístrate para seguir leyendo
Ingresa tu correo para continuar disfrutando de nuestro contenido.
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión
Lea los comentarios
