El error de estigmatizar a los “megaricos”

Escuché la alocución presidencial del pasado 23 de diciembre en la que el presidente Gustavo Petro defendió, con vehemencia, su reforma tributaria al amparo de la emergencia económica, tras el hundimiento del proyecto en el Congreso. En ella apareció la ya familiar consigna del presidente: “los megaricos deben pagar más”. Suena popular. Pero un jefe de Estado no gobierna con consignas; gobierna con señales. Y la señal de convertir a los ricos en antagonistas políticos puede costarle al país más de lo que recauda.

La medida concreta, además, es menos épica de lo que vende el presidente Petro. El decreto transitorio para 2026 vuelve el impuesto al patrimonio más progresivo: tarifa marginal que llega al 5 por ciento sobre el excedente de 2.000.000 de UVT (Unidad de Valor Tributario), con umbral desde 40.000 UVT. Con la UVT para el año 2026 fijada en 52.374 pesos, esos 2.000.000 de UVT equivalen a unos 104.700 millones de patrimonio líquido: activos menos deudas. Es decir: el “mega rico”, en la narrativa oficial, no está definido en términos económicos (productividad, inversión, creación de empleo), sino en un corte patrimonial que sirve para el titular y la confrontación populista.

Vamos a lo esencial: el recaudo. En este año 2025, el recaudo del impuesto al patrimonio ronda 1.2 billones de pesos frente a un recaudo total anual del orden de 250 billones: menos de 0.5por ciento del total. El propio Gobierno ha sugerido que, con la nueva tabla, ese recaudo subiría a 1.78 billones en 2026, que sería el 0.67 por ciento del total proyectado. En plata blanca: el esfuerzo político y la tormenta retórica serían para conseguir, en el mejor escenario, unos 500.000 a 600.000 millones de pesos adicionales. En términos fiscales cifras marginales.