Cuando en abril de 2023 el presidente Gustavo Petro decidió sacar del ministerio de Salud a Carolina Corcho y anunció que en su reemplazo llegaría el médico Guillermo Alfonso Jaramillo, muchos pensamos que ese cambio traería un tono distinto al debate alrededor de la reforma a la salud. La intransigencia radical de Corcho, creímos, pasaría a un segundo plano y si bien el Gobierno insistiría en la misma reforma, las maneras de la discusión podrían ser otras. Aún faltaban dos años largos de mandato, y la oposición podría entenderse mejor con Jaramillo. Estábamos terriblemente equivocados. Jaramillo, en estos años, se ha convertido en un súper poderoso en Palacio, trayendo a funcionarios de su entera confianza no solo al sector de la salud, sino al ministerio de Hacienda con el director de Crédito Público, Javier Cuellar, e incluso a la secretaría jurídica de Palacio con el abogado Augusto Ocampo. Su influencia en el presidente Petro es absoluta, y su poder para hacer lo que le viene en gana también.
Tal vez por esto el ministro Jaramillo, que tiene la característica frecuente de regañar periodistas, sobre todo mujeres, gritándoles y tirándoles el teléfono cuando no le gustan las preguntas, ha decidido también mamarle gallo a la Corte Constitucional. Por ello, la Corte ha decidido abrir un incidente de desacato contra Jaramillo. Porque a pesar de las órdenes repetidas que la Corte ha dado para actualizar el valor de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, es decir la plata con la que se financian los servicios que prestan las EPS, Jaramillo y el presidente Petro han decidido ignorarla e insistir, a pesar del sufrimiento de miles y miles de pacientes, que la UPC es suficiente y que el problema es solamente que las EPS malgastan y se roban los recursos. Ese argumento, antes de que el Gobierno interviniera varias EPS, entre ellas la más grande, la Nueva EPS, era poderoso, pero no después de las intervenciones. Hoy, la salud de más de 25 millones de colombianos depende del Gobierno Petro. Con todo, las deudas de las EPS intervenidas solo crecen.
Hace unos meses, el estudio de cartera hospitalaria N° 54 de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), con corte a junio de 2025, reportó que las EPS intervenidas por el Gobierno adeudan a hospitales y clínicas del país 12,8 billones de pesos, y solo en los primeros seis meses de 2025 su cartera creció casi 3 billones. Si son EPS manejadas por el propio Gobierno y si la plata de la UPC sí alcanza, como argumentan Jaramillo, Corcho y el presidente Petro, ¿por qué cada día deben más plata? ¿Dónde está, como preguntaba el propagandista del Gobierno Vicente Calvo, la plata? La Corte Constitucional había ordenado al ministerio de Salud que el cálculo de la UPC de los regímenes contributivo y subsidiado debía basarse en información suficiente, representativa y de calidad reportada por las EPS, respaldada por estudios técnicos y actuariales, y no solo por la inflación.
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