¿La crisis que viene?

El 30 de enero, en Barranquilla, el Gobierno convocó a una marcha para protestar contra los precios de la energía. La llamaron la ‘Movilización por la Democracia Energética’, y el presidente, acompañado entre otros por el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, dijo: “las tarifas de energía eléctrica que en este momento se están cobrando a cada familia y a cada empresa de Colombia son ilegales”. Luego, en un reclamo que ya había hecho durante la semana, afirmó que XM, que es el operador del Sistema Interconectado y el administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia, se había negado a aplicar una resolución expedida por la CREG, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y que establece una nueva fórmula tarifaria.

Alejandro Castañeda, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg, le dijo a Caracol Radio el viernes, contestando las afirmaciones del presidente Petro, que esa resolución de la CREG no estaba en firme porque solo hasta el jueves 30 se publicó un anexo, el 7, que establece la forma en que se liquida el precio de bolsa de la energía. Sin ese anexo, la resolución no estaba en firme. Añadió también que la resolución no es, como dice el presidente Petro, obligatoria, porque existen compromisos regulatorios hasta el año 2027 que deben respetarse. Esos compromisos, adquiridos entre las generadoras de energía y la CREG en 2024, es decir durante el gobierno de Gustavo Petro, no se pueden simplemente cambiar en la mitad del juego. Es un contrato regulatorio que las partes, incluyendo al Estado, deben honrar.

En Barranquilla, el presidente amenazó también con forzar a los generadores, vía decreto, a aplicar la nueva fórmula: “ministro Camacho, siéntese a negociar los generadores, pero que no me digan que solo van a aplicar la nueva fórmula en el año 2028. Si quieren mantenernos en este feudalismo, que es inconstitucional e ilegal, usted tiene un decreto en sus manos”. Si eso pasa, y el ministro Camacho firma un decreto en el sentido que menciona el presidente Petro, es decir obligando a las generadoras a aplicar la fórmula, lo que vendría sería una cascada de demandas contra la Nación por violar estos compromisos regulatorios ya adquiridos. Esto, por cierto, lo hemos visto reiteradamente durante este gobierno. Pasó con los pasaportes y la demanda -por fortuna retirada de forma unilateral esta semana por Thomas Greg and Sons- por 117.000 millones de pesos. El mundo, en materia de derechos adquiridos, no es como el presidente se lo sueña, sino como se establece en los términos contractuales.