Antes de que el presidente Gustavo Petro siga tensionando la relación con Estados Unidos al establecer que no recibirá ningún inmigrante esposado y por tanto está dispuesto a financiar una operación insostenible de enviar cruceros y aviones para recoger los inmigrantes ilegales, debería tomar medidas para lo que es un problema local.
La migración ilegal en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes, convirtiendo al país en un territorio de tránsito y, en algunos casos, de destino. Informes recientes de la Fiscalía General de la Nación revelan la magnitud del problema, así como la participación de redes criminales que se lucran con la desesperación de miles de personas que buscan mejores oportunidades. Sin embargo, el manejo gubernamental ha sido errático, incapaz de responder con medidas efectivas y coordinadas.
Uno de los documentos clave en esta investigación es el informe OT 6568 N° 9-525468, que recoge datos sobre más de 300 noticias criminales desde 2020. Este informe destaca que Colombia es un corredor migratorio donde operan diversas organizaciones delictivas, facilitando el paso de ciudadanos de Haití, Nepal, India, China, Bangladés, Yemen, Iraq, Paquistán, Somalia, Nigeria, Ghana, Camerún, Cuba y República Dominicana. Estados fallidos y fallando.
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