
Con el argumento de que ocho legisladores -los que firmaron la ponencia para archivar la reforma laboral- no pueden decidir por los 11 millones de colombianos que votaron por él, el presidente Gustavo Petro promueve una consulta popular para que sea el pueblo el que decida sobre ese proyecto que presentó el Gobierno. Y con el mismo razonamiento -el número de votos que obtuvieron-, congresistas opositores rechazan la consulta popular y hablan de irrespeto de Petro a la independencia del Congreso.
Muy explícitamente, la representante de Alianza Verde Katherine Miranda argumenta que el Congreso es “superior en votos” a Petro. Seguramente se refiere a la suma de sufragios que obtuvieron los 296 congresistas que integran el poder legislativo: 108 senadores y 188 representantes a la Cámara.
Pero tanto Petro como los congresistas, que con gran dosis de soberbia sacan a relucir un número de votos para reivindicar sus posturas, omiten de manera inconsciente, o consciente, que, en un sistema de democracia representativa como el de Colombia, los votos obtenidos equivalen a mandatos para defender los intereses ciudadanos. No sus intereses personales y políticos.
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