¿A quién sirve el señor procurador?

La Procuraduría General de la Nación, según la Constitución, tiene como mandato “vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos”, “defender los intereses de la sociedad”, “ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular”. Es decir, ante todo su misión es la de velar por los intereses colectivos, garantizar el debido proceso, proteger los recursos públicos, vigilar a los funcionarios y en esencia defender la democracia.

El procurador general es la cabeza de lo que se conoce, no en vano, como el “ministerio público”. La palabra ministerio viene del latín ministrare que significa servir, por lo que el ministerio público tiene la obligación de servir al populus y a nadie más. Solo se debe a los ciudadanos y su única lealtad debería ser para con el bienestar colectivo y la protección de las instituciones.

Hasta ahora esto suena muy bien. Un alto e independiente representante del pueblo, que puede ejercer el poder de investigar, sancionar, destituir, procesar y condenar a los funcionarios públicos. La realidad ha sido bien distinta. Esta institución se ha convertido en un fortín burocrático. Hoy en día esta entidad tiene más de quince mil personas a su servicio, entre empleados, temporales, asesores y contratistas, y crece cada año en presupuesto, contratos y asesorías mientras que simultáneamente la corrupción ha crecido exponencialmente en especial en este gobierno.