En los días venideros vendrá una catarata de abstrusos análisis constitucionales sobre la consulta popular que ha convocado el presidente Petro. Quiero hacer en esta ocasión un aporte a este debate en un plano sencillo, casi elemental. El sentido común a menudo se olvida cuando se discuten elevados temas como el de una consulta popular.
Primero, toda la argumentación presidencial está montada sobre el raciocinio de que la consulta se hace necesaria porque ocho traidores de la Comisión Séptima del Senado se confabularon contra el pueblo colombiano para proponer el archivo de la reforma laboral. Falso. El trámite parlamentario debe respetarse, empezando por el presidente de la República. La proposición de archivo estuvo enmarcada dentro de los procedimientos y trámites que contemplan las leyes parlamentarias y debe respetarse.
Segundo, la consulta popular no está prevista para responderle al Congreso cuando este no está de acuerdo con el ejecutivo. Y mucho menos por un gobierno que no cuenta con más del 25 por ciento de las bancadas. La consulta no está prevista como una instancia contra las decisiones del Congreso.
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