
Poco a poco, el país tiene cada vez más definidos una serie de territorios donde diferentes facciones armadas ilegales ejercen control o incidencia determinante en la vida de la población local. La pérdida del ejercicio de gobierno legítimo en muchas partes del territorio también está afectando seriamente la capacidad de resiliencia de muchos ecosistemas, de manera concomitante a la perdida de democracia regional.
Cada grupo, reemplazando al débil Estado, sigue avanzando en su modelo de desarrollo y ordenamiento territorial. La gente, en condiciones de pobreza y miseria en muchos casos, es mano de obra barata para los diferentes ‘entables’, ya sean estos mineros, cocaleros, ganaderos o de trochas, varaderos, socavones, balsas y cuanta oportunidad hay en las profundidades del mundo rural. También son mano de obra barata y fácil de reclutar, ante cuanto movimiento armado hay en el territorio y más allá de las fronteras.
Cada territorio ha ido consolidando sus formas de autoridad, donde a los que mejor les va es porque tienen un solo grupo hegemónico. Donde es invivible es cuando hay disputas entre grupos y no se sabe a quién hacerle caso, y peor aún, a quien pagarle las cuotas de ‘la tributación’, las multas o la extorsión.
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