La lección de Harvard

Hace unos días visité la universidad de Cornell, en el noreste de los Estados Unidos. Esta, junto con siete universidades más, conforman el 'Ivy League', un término que comenzó siendo referido a una liga atlética y se convirtió rápidamente en sinónimo de elitismo y excelencia académica. Harvard no solo hace parte de este grupo, sino que es probablemente la más rica y poderosa de las universidades del país. Hasta hoy, esas universidades recibían enormes donaciones del gobierno federal, que no solo ayudaban al sustento de sus campus sino que impulsaban las investigaciones en áreas como la medicina, la ciencia y las humanidades. Ya eso terminó.

La reforma al sistema educativo ha sido uno de los puntos más álgidos en el gobierno del presidente Trump. Como todos los gobiernos autocráticos, el suyo intenta reescribir la historia, reformar el pensum, crear aparatos educativos que, en lugar de ser centros de pensamiento crítico y desarrollo de la sociedad, sean escuelas donde se enseñe el dogma que se promulga desde el gobierno central. Es por esto por lo que, desde su posesión, él y su equipo han intervenido en los pensum de los colegios y las universidades, y hasta ahora nadie ha podido replicar por temor a que los cierren o les quiten los recursos. Pero con Harvard todo eso cambió. En una carta enviada a las directivas de la universidad, el Gobierno planteó una serie de exigencias que los obligaban a cambiar la política de contratación ―incluida la de los profesores― y su política de admisión de alumnos, y además debían someterse a auditorías constantes del Gobierno para ver si estaban cumpliendo con los nuevos lineamientos. Todo esto, según decía la carta, para “eliminar los brotes de antisemitismo” en la universidad.

No habían pasado 72 horas cuando Harvard respondió con un categórico “no”. Declaró las exigencias del Gobierno ilegales, porque no respetaban la independencia de la universidad privada ni reconocían su compromiso con valores como la inclusión y la tolerancia. Ahí comenzó la pelea. El Gobierno congeló 2,2 billones de dólares de los 9 billones que le da anualmente, y anunció además nuevas medidas de presión para que se sometiera a sus requerimientos.