En Colombia, la línea entre lo legal y lo antijurídico no siempre es delgada. A veces es invisible. Y otras tantas, simplemente se borra a conveniencia del poder. La historia de Augusto Alfonso Ocampo Camacho, ahora secretario jurídico de la Presidencia, es un caso de estudio sobre cómo el sistema puede absolver lo inadmisible y premiar lo indebido.
El pasado 4 de abril, el gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó el nombramiento de Ocampo como cabeza de la Secretaría Jurídica de Palacio. Se trata de uno de los cargos más técnicos e influyentes del Ejecutivo: es quien revisa la legalidad de los actos administrativos, asesora al presidente en materias constitucionales, conceptúa sobre decretos con fuerza de ley y participa en el análisis jurídico de políticas públicas.
Pero lo que pocos saben es que, apenas quince días antes, el 19 de marzo de 2025, Ocampo había sido absuelto en un proceso disciplinario que lo encontró, en primera instancia, responsable de una falta gravísima: recibir honorarios para presentar un recurso judicial que nunca radicó, y no devolver el dinero pactado pese a múltiples requerimientos.
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