La condena a NSO Group por el uso ilegal del software Pegasus marca un hito en la lucha por la privacidad digital. Mientras Meta llevó la batalla a los tribunales y venció, en Colombia el tema fue reducido a una narrativa política que dejó más preguntas que respuestas.
Por: Luis Alberto Arango
El 4 de septiembre de 2024, el presidente Gustavo Petro rompió los protocolos más elementales de seguridad al desclasificar, en una alocución presidencial, un documento altamente sensible enviado por la unidad israelí de inteligencia financiera. El informe, reservado y sin autorización para su divulgación, detallaba pagos en efectivo vinculados a la adquisición del software espía Pegasus, que había sido comprado por Colombia.
Petro usó esta información para lanzar varias acusaciones: que Pegasus había sido adquirido en el gobierno anterior y que estaba vinculado con las muertes de jóvenes durante el estallido social de 2021, además de haberse utilizado para interceptar comunicaciones en las campañas políticas de ese año. Sin embargo, las fechas no coincidían, las pruebas nunca aparecieron y su narrativa comenzó a desmoronarse.
“Sin embargo, las fechas no coincidían, las pruebas nunca aparecieron y su narrativa comenzó a desmoronarse”.
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