Cuando el juez no cumple

En Colombia, decir la verdad ha costado vidas. Por eso, quienes se atreven a romper el silencio merecen algo más que aplausos: merecen garantías, justicia y protección. Lo mínimo. Pero en algunos despachos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), incluso eso parece estar en duda.

El caso del exintegrante de inteligencia militar José Leonairo Dorado es alarmante. Su compromiso con la verdad ha sido ejemplar. Ha aportado información sobre fosas ante la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, ha comparecido en múltiples despachos, ha entregado información clave —como las coordenadas que permitieron a la JEP exhumar restos humanos en la Brigada XX (Charry Solano)—, y ha hecho lo impensable: mostrar su rostro públicamente y ante cámaras, estando dentro del país, como testigo e incluso autor directo del horror. Lo ha hecho sin máscaras, sin evasivas, con valor. Y, sin embargo, el magistrado Mauricio García, ante cuyo despacho reposa su caso, se ha negado hasta ahora a otorgarle los beneficios judiciales que establece el sistema para quienes cumplen con el principio de máxima contribución a la verdad. Esto, a pesar de que otras magistradas de la misma JEP, como Catalina Díaz y María del Pilar Valencia, han reconocido el valor de sus aportes. Esto, a pesar de que víctimas —entre quienes se cuenta quien escribe esta columna— hemos solicitado formalmente, con argumentos detallados, que se reconozca lo que por derecho le corresponde. Que al menos estudie la petición, y haga una valoración con posibilidad de recurso. Pero la respuesta del magistrado ha sido un silencio atronador. Y esto, a pesar de que este tipo de solicitudes deben tener prioridad. Ese silencio que no solo se convierte en institucional: en este caso, es profundamente injusto y políticamente peligroso.

Porque si quienes dicen más verdad no reciben justicia, ¿qué incentivo queda para quienes podrían hablar? ¿Cómo va a funcionar una justicia transicional si sus propias reglas se incumplen desde adentro?