Las trochas que marcan la neocolonización

Recientemente salieron a la luz pública unas cifras sobre el crecimiento incontrolado de nuevas trochas que rompen selva, a la par del avance de la colonización armada, ganadera y cocalera. Como lo hemos señalado varias veces, el impulso de la deforestación está marcando también la pérdida de gobernabilidad, en la medida en que la institucionalidad no está en capacidad de tener una presencia y gestión permanente, en medio de las amenazas y coerción de los grupos armados ilegales. Estas vías están siendo abiertas y operadas en muchos casos por los grupos armados, que vinculan poblaciones locales en su construcción, mantenimiento y defensa (en caso de que alguna institución pretenda intervenirlas), lo cual hace aún más complejo el panorama pues ha sido evidente que, en los últimos años, no hay un solo caso exitoso de cierre vial o recuperación de bosque en zonas deforestadas como consecuencia de esas trochas, ni mucho menos, de ubicar poblaciones en las zonas donde las trochas van marcando el horizonte de ocupación territorial.

El país está ante la paupérrima capacidad de ejecución del Estado colombiano para resolver los temas de accesibilidad en poblaciones rurales, particularmente en zonas de la frontera agropecuaria, donde los municipios son pobres, las gobernaciones igual, el Invias poco llega y pare de contar, pues las carreteras nacionales o de concesiones no se proyectan para estas áreas y tipos de población, a pesar de que es urgente la creación y reglamentación de las ‘vías forestales’ para esta actividad económica en la reserva nacional. Con este panorama, los grupos armados han aprovechado este bizcocho, y han reemplazado al Estado con gran efectividad y, disponiendo de maquinaria, topógrafos, operarios y recursos, pero principalmente, un plan de ocupación y expansión territorial. Centenares de kilómetros se hacen cada mes, con trazados lineales generalmente, denotando el uso de cartografías detalladas y equipos de precisión, que igualmente señalan por su dirección cuáles son los territorios que ya han establecido para realizar la ocupación posterior.

Cientos de nuevas fincas se van abriendo a lado y lado y empiezan a aparecer las casas, corrales, cocales o ‘llegando a la mina’ y demás parafernalia del nuevo modelo, donde cientos de familias pueden disponer de tierra, infraestructura y oportunidad económica (así sea con modelo mixto entre legal e ilegal), cosa que el Estado colombiano no ha sido capaz de hacer nunca. El modelo de colonización, bien diseñado, tiene como eje los trazados viales sobre los cuales se va desprendiendo todo el andamiaje de transformación del suelo. Detrás van apareciendo nuevas propuestas de creación de veredas, con sus respectivas juntas, así como las solicitudes de asistencia institucional para el desarrollo de la ganadería, empezando por la creación de jagüeyes con maquinaria oficial, la vacunación de ganado con platas del erario público, como también ha ocurrido con los planes de sustitución de cultivos ilícitos, implementados en el lugar de los cocales sin la evaluación del ordenamiento de uso y propiedad (en muchos resguardos se ha terminado implementando sustitución con familias que han invadido las tierras de comunidades étnicas). Y así, poco a poco, se cambia el estatus legal de uso del suelo con el estímulo de la inversión estatal y la cobertura legal de la “confianza legitima” que dan las platas publicas ubicadas sin arreglo al ordenamiento o la zonificación vigente. El Estado subregional cooptado.