
Era demasiado previsible que subir a varios jefes criminales de Medellín y del Valle de Aburrá en una tarima con Gustavo Petro iba a levantar polémica, pero también es obvio que el presidente decidió asumir la controversia porque se está aferrando a lo poquísimo que tiene para mostrar en materia de paz, a poco más de un año de dejar el cargo.
Y los diálogos con los actuales capos de las estructuras armadas de la capital antioqueña y su área metropolitana son parte de lo que subsiste de la paz total, una política que Petro presentó como central cuando llegó a la presidencia en 2022 con la promesa de “cambio”.
Si bien entre enero y mayo pasados volvieron a repuntar los asesinatos en Medellín –144 contra 122 del mismo período del 2024–, la disminución histórica de la tasa de homicidios en los primeros cinco meses del año pasado, que fue la más baja de los últimos 41 años –11 por cada 100.000 habitantes–, estuvo asociada, según expertos en conflicto de la capital antioqueña, a la mesa de paz urbana, muy a pesar de la resistencia que esta le genera al alcalde Federico Gutiérrez.
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