Punto de inflexión de gobernabilidad

Una semana agitada, tras el condenable atentado al candidato Miguel Uribe, seguido por bombardeos entre Israel e Irán, que confirman el estado de inestabilidad global, y la facilidad de entrar en escenarios de guerra y una senadora demócrata es asesinada a tiros, y los líderes mundiales vociferan al calor de la guerra. Mientras tanto, en el Congreso colombiano, tuvimos la oportunidad de hacer una sesión en el marco de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde se analizaba la compleja relación existente entre los efectos del calentamiento global, la deforestación y la pérdida de gobernabilidad regional.

Las organizaciones indígenas de la Amazonía colombiana están viviendo una compleja situación, donde, de una parte, tienen logros que son el resultado de décadas de trabajo, como es el caso del decreto para la reglamentación de las entidades territoriales indígenas, y por el otro lado, estar denunciando la terrible situación de reclutamiento forzado de sus niños y adolescentes por los grupos armados ilegales presentes en la región. Ciertamente, el subregistro de la situación es la cortina de humo sobre la cual se invisibiliza esta dramática situación, donde, al igual que en el Pacífico, los niños se suicidan ante esta posibilidad, cada vez más recurrente. En ese mismo contexto, el avance de las economías ilegales en estos territorios es generalizado, pues con una demanda mundial de oro y coca por las nubes, los precios de servicios dentro de estas cadenas de ilegalidad han subido como espuma.

Desde los ríos fronterizos, como el Orinoco, Guainía, Isana, Atabapo, Vaupés, Tararira, Apaporis, Caquetá, Puré, Putumayo y Purité, el pasar de dragas, oro, armas, gente, coca y marihuana es cada vez mayor, y el control territorial de cada grupo se acentúa, empezando por doblegar a las autoridades tradicionales, y vincular, billete en mano, a la gente que ve en esa bonanza amenazante una oportunidad de recursos que no se le presenta bajo ningún esquema de negocio legal. Más de 10 grupos armados de varias nacionalidades tienen presencia en diferentes zonas transfronterizas controlando el portafolio de negocios que hay en cada región, así como los corredores, y la articulación con otros operadores de cada negocio. En un proceso de esta magnitud, con tantos recursos en juego, control territorial, reglas de control poblacional y ejercicio de ‘justicia’, también es evidente cómo muchos funcionarios públicos ya no solamente operan bajo el modelo de corrupción, sino que se vuelven funcionales al modelo y la institucionalidad es cooptada.