Una pistola y muchas omisiones

El doloroso intento de asesinato contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no solo fue un atentado contra la vida de un dirigente político: fue una evidencia brutal del colapso moral del Estado colombiano. En lugar de un cierre de filas institucional y una reacción para liderar a todos los colombianos, el país fue testigo de teorías conspirativas promovidas por el propio presidente, más ocupado en manipular el relato para complacer a su base electoral que en enviar un mensaje claro de unidad nacional.

La respuesta oficial no solo fue débil: fue cínica. En vez de asumir la gravedad del ataque a un miembro del Congreso, el Gobierno continuó con su agenda de confrontación. Avanzó con medidas como el 'decretazo' de la consulta popular, en el que Gustavo Petro desafía abiertamente al Congreso y empuja al país hacia una posible crisis constitucional. Y como si no fuera suficiente, sumó amenazas de una Asamblea Constituyente y discursos cada vez más impregnados de agresividad política. Todo esto ocurrió en la misma semana del atentado, como si nada hubiese pasado.

Más allá del impacto político, el atentado dejó al descubierto una falla estructural profundamente alarmante y es la facilidad con la que un arma de guerra termina en manos de un niño sicario de 15 años. La pistola utilizada fue una Glock calibre 9 milímetros, una de las más populares del mundo por su precisión, capacidad y facilidad de uso. Esta arma, concebida para escenarios de combate, se ha convertido en parte del paisaje urbano colombiano. Ya no es solo una herramienta de seguridad. En Colombia, la Glock ha mutado en símbolo de impunidad armada. Glockombia.