Dos millones de personas a la deriva

Estuve el sábado en Puerto Gaitán (Meta) en el XI Congreso Nacional Indígena de Colombia, organizado por ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) en el que participaron cinco mil líderes de ochenta pueblos ancestrales provenientes de 29 departamentos. Fui como representante de Defendamos La Paz (DLP), un movimiento de la sociedad civil creado hace siete años con varios objetivos: proteger el Acuerdo de Paz de 2016, sus instituciones (tales como La Comisión de la Verdad y la JEP - Jurisdicción Especial para la Paz), e impulsar nuevas negociaciones que permitan finiquitar los conflictos armados en Colombia. Pero una de nuestras misiones más importantes es la de luchar por la vida de los líderes sociales y excombatientes, entre los que hay numerosos ciudadanos indígenas. Por esta razón, DLP participó en este importante encuentro.

Es de lamentar que en los pasados casi nueve años, desde la firma del Acuerdo del Teatro Colón, según Indepaz han sido asesinados más de 1.600 líderes sociales y antiguos integrantes de las extintas Farc. Es muy doloroso y frustrante registrar estos crímenes, que siguen sucediendo - uno cada dos días. Los esfuerzos por evitarlos, de los tres gobiernos que han transcurrido desde entonces, han sido claramente insuficientes. Y el apoyo que muchas plataformas cívicas, ONG´s y organismos internacionales -como la ONU- le hemos brindado a las iniciativas para detener ese cruel desangre no ha servido mucho. Por lo tanto, no tenemos alternativa distinta a redoblar el trabajo colectivo para detener la barbarie.

Conversé con numerosos indígenas de varias regiones para recoger de primera mano sus testimonios y servir de vocero de sus peticiones. El común denominador de sus justos reclamos es el de la seguridad. La violencia que ahora sufren es de origen distinto al de otros tiempos - la originada por la guerrilla, los paramilitares y la de los falsos positivos del Ejército. Esta nueva violencia es la de bandas criminales que se lucran del narcotráfico, la minería ilegal, la deforestación y la corrupción al capturar recursos públicos. Como lo señaló la Defensoría del Pueblo recientemente, hay once regiones de Colombia que viven una grave crisis humanitaria causada principalmente por estos delincuentes salvajes.