El reconocimiento del último secretariado de las FARC-EP —máximos responsables de esa organización armada en el reclutamiento y utilización de menores durante el conflicto, no fue un acto de generosidad, ni de arrepentimiento espontáneo. Fue el peso ya ineludible de los hechos y las voces de las víctimas, desde hace más de dos décadas, que los obligó a admitir lo que hasta ahora negaron o minimizaron: arrancaron a miles de niños de sus hogares y los arrojaron a su guerra.
Este reconocimiento, aunque tardío, lleva a pensar en la Operación Berlín entre 29 de noviembre y el 3 de diciembre del año 2000. Allí, al menos 201 niños y niñas de apenas 12, 13 y 14 años —la mayoría reclutados en la Columna Móvil Arturo Ruiz (CMAR)— fueron alcanzados por las balas, por el miedo, por la traición de todos los bandos. Algunos murieron combatiendo, otros huyendo, otros más fueron asesinados incluso después de rendirse por miembros de la fuerza pública.
La violencia ejercida contra estos menores se mantiene aun después de su muerte.
Como fueron “dados de baja en combate”, según la versión oficial, el Ejército los entregó a Medicina Legal en Bucaramanga. Pero al no haber familiares que pudieran reclamarlos —porque muchos ni siquiera sabían que sus hijos estaban en la guerra, o no tenían recursos para llegar—, los cuerpos fueron inhumados por el Estado en el cementerio Campohermoso. En fosas numeradas, sin nombres, se perdieron entre registros confusos y papeles extraviados. Hoy, más de veinte años después, aún siguen buscando.
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