Uribe se pegó un tiro en el pie. Seguramente se ha preguntado mil veces en qué momento de 2012 se le ocurrió demandar al senador Iván Cepeda por manipulación de testigos. Jamás imaginó que, en febrero de 2018, la Corte Suprema archivaría la investigación contra Cepeda y, en cambio, abriría una contra él por cooptar testimonios en su favor.
El caso dio un giro monumental en aquel momento. Y con ese giro, se inició la estrategia de dilación de Uribe. Él, como senador, gozaba de fuero especial, lo que significa que solo podía ser investigado y juzgado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, renunció a su curul el 4 de agosto de 2020, una jugada que trasladó su caso de la Corte Suprema a la Fiscalía, es decir, a la justicia ordinaria.
El entonces fiscal general, Francisco Barbosa, designó al fiscal Gabriel Jaimes para el caso. No fue en absoluto una elección neutral: Jaimes solicitó precluir la investigación en marzo de 2021, argumentando que no existía mérito suficiente. Pero la jueza Carmen Helena Ortiz negó el recurso, y el proceso continuó.
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