¿Es Alberto Vergara un chivo expiatorio en Ecopetrol?

En la columna de la semana pasada les conté que Alberto Vergara Monterrosa, quien se desempeñaba como gerente de cumplimiento de Ecopetrol hasta el 3 de junio de este año, cuando la junta directiva decidió apartarlo de su cargo, había sido reintegrado a la petrolera. Dije, también, que la administración de Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, había decidió que ese reintegro ocurriera bajo la figura de una “asignación especial en la Vicepresidencia Ejecutiva de Hidrocarburos”. Planteaba, para refrescar la memoria de los lectores, que este lío había surgido después de que publicaciones periodísticas habían revelado un escándalo que involucraba a la firma de abogados estadounidense Covington & Burling LLP y una asesoría a la junta directiva para medir el impacto, en Estados Unidos, de investigaciones y acusaciones contra Ricardo Roa. El valor de la asesoría pasó de 875.000 dólares a 5,8 millones después de un otrosí que, según la junta, fue firmado sin su conocimiento.

Sin embargo, Vergara ha declarado pública y privadamente que no hubo actuaciones clandestinas en diciembre de 2024, cuando se firmó el otrosí por 5,8 millones de dólares, y que la elección de la firma Covington & Burling LLP se hizo tras un proceso plural y con pleno conocimiento de la junta directiva de la petrolera. Por ello, en esta columna, en lugar de señalar las sospechas que se han revelado alrededor de las actuaciones de Alberto Vergara, quiero ir un paso más allá y preguntarme si, de hecho, el escándalo terminó beneficiando al presidente de la petrolera Ricardo Roa Barragán. Sabemos, en primer lugar, que el objeto del otrosí nunca se cumplió porque como lo afirmó el presidente de la junta directiva, Guillermo García Realpe, en febrero de 2025 fue suspendida su ejecución. Lo dijo así en la W Radio: “inmediatamente la junta tomó las medidas y se suspendió la operancia de ese otrosí grave y abusivo”.

En aquel momento pasó de agache la gravedad de esta declaración de García Realpe que, en efecto, confirma que la investigación sobre Ricardo Roa y el daño reputacional que en Estados Unidos podría sufrir Ecopetrol nunca se llevó a cabo. ¿Quién autorizó y con qué competencia que se suspendiera de facto ese otrosí? Después del 3 de febrero de 2025, cuando se suspendió la investigación de Covington & Burling LLP, ¿quién en la junta directiva o en el Comité a Auditoria y Riesgos siguió al tanto del problema? ¿Nadie? Si la respuesta es esa, ¿por qué entonces sí autorizaron un contrato inicial por 875.000 dólares para investigar el riesgo que representan los ruidos alrededor de Ricardo Roa para Ecopetrol? ¿Cuándo, entonces, dejó de ser un asunto que se merecía investigar? Y tal vez la pregunta más importante: ¿cuál es el resultado hoy de esas investigaciones con posible impacto e interés para la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos?