
No hay negociación posible con los mafiosos. A inicios del Gobierno de Gustavo Petro, y como había prometido en la campaña, su principal objetivo era la paz total, un concepto abstracto pero atractivo que, incluso, se convirtió en ley de la República el 4 de noviembre de 2022. El entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, explicaba entre promesas grandilocuentes e imposibles de cumplir que el Gobierno definiría qué tipo de organizaciones calificaban para tener “diálogo político —como el ELN, con estatus político reconocido— y cuáles serán catalogadas como estructuras criminales de alto impacto, que no tendrían negociación sino acogimiento a la justicia bajo el Código Penal” https://www.mininterior.gov.co/noticias/presidente-gustavo-petro-sanciono-la-ley-de-la-paz-total/.
Pero la realidad sobre el terreno era otra. En septiembre de ese mismo año, y cuando el Gobierno llevaba menos de dos meses, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, se reunía con la plana mayor de las disidencias de las Farc y las reconocía por el pomposo nombre de “Estado Mayor Central”. Esos mismos que años antes habían traicionado el Acuerdo de La Habana, o que nunca habían estado de acuerdo con él, ahora se ganaban de repente la resurrección política y rebelde, contrariando entre otras cosas lo que establecía el mismo acuerdo de La Habana: quien traicione los acuerdos, no puede tener beneficios penales. En lugar de ser perseguidos por el Estado como lo que realmente eran, unos mafiosos con careta de subversivos. Así que aprovecharon esta candidez de Rueda para volver a discutir los puntos que ya se habían negociado con las Farc durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.
En el primer comunicado publicado ese mismo mes, decían las partes que “La Paz Total para las Farc EP, significa la erradicación de las causas generadoras del conflicto social y armado…”. Era, de nuevo, volver a 2017, antes de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, y era también el comienzo de una pesadilla que no ha hecho más que crecer. Por las disidencias firmaba Calarcá Córdoba, que un tiempo después se separaría de la facción comandada por Iván Mordisco, el otro jefe de esta banda de mafiosos. La razón de la separación estuvo mediada por un crimen atroz, el asesinato de la mayora indígena Carmelina Yule el 16 de marzo de 2024. Ella, dicen los testimonios, se escondió detrás de un muro de ladrillos, en el antejardín de una casa, hasta que un disidente de las Farc le disparó de frente de forma premeditada
Regístrate para seguir leyendo
Ingresa tu correo para continuar disfrutando de nuestro contenido.
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión
Lea los comentarios













