Oficina presidencial para la Deforestación y la Democracia

El país recibe un informe de deforestación que invita a reflexionar sobre la eficacia de la política contra la deforestación que se ha utilizado en los últimos gobiernos, donde queda un sabor agridulce ante las evidencias de que se ha perdido gobernabilidad en grandes territorios y estos marcan las transformaciones irreversibles de la selva. Se pierden bosques y democracia a la par. Los motores de deforestación no se abordan exitosamente, y hoy aumenta la ganadería, aumenta la apropiación ilegal de tierras públicas y acaparamiento, aumentan las trochas ilegales, aumenta la coca, la explotación ilegal de oro y coltán, la extracción de madera, y de paso, los fenómenos naturales extremos se presentan con más fuerza. El fracaso en abordar los motores de transformación invita a un ‘timonazo’, desde lo más alto del Estado, con todos sus sectores y la sociedad civil incluida.

Un par de parques nacionales agonizan (Tinigua y La Macarena), un par de resguardos destrozados (Nukak y Yaguará); una trocha atravesando la serranía; actividades mineras en todos los ríos fronterizos y en países vecinos; corredores cocaleros crecientes en el Putumayo y Yarí; y ganado pisoteando cada vez más en Chiribiquete; ningún gran determinador de la deforestación o acaparador en juicio. Catatumbo, Nariño, Putumayo, presas de la gran mancha cocalera, suman a los pasivos ambientales. Sucios y el agua lejos.

Hoy, la frontera agropecuaria, definida en 2016 y que propone la delimitación de las zonas de desarrollo agropecuario y las de conservación para la seguridad climática del país, ha sido traspasada de manera contundente, a la par que la implementación de los acuerdos de paz no llega, principalmente en lo que se refiere a tierras, sustitución, participación, transformación territorial y justicia transicional. No es raro que las tierras que se ‘devolvieron’ en papel al Estado colombiano, en la Amazonia, por parte de las Farc, y que nunca recuperó en el territorio, ahora estén ocupadas y bajo control por los diferentes grupos de disidencias. Tampoco es extraño que, frente a las promesas de las tres millones de hectáreas del acuerdo de paz, hoy más de 700.000 se deforestaron desde el año 2017 en los municipios del arco de deforestación amazónica, donde el epicentro armado de las disidencias se distribuye por todo el país. En esas mismas 700.000 hectáreas, el hato ganadero casi se duplica, pasando de 1,8 millones de animales a 3,3 millones en el mismo periodo, donde además se construyeron más de 8.000 km de trochas que habilitaron esa transformación del territorio. Estas cifras son contundentes también para mostrar un modelo económico que recibe además un chorro de recursos de la coca y del oro, y por ello la gente lo agradece. Es hecho sin reglas, sin normas, sin democracia, pero con pragmatismo realista. Este es el reto para el Estado: hacer alago viable económica y ambientalmente, y bajo el marco legal.