En Colombia, la violencia intrafamiliar suele ser invisible hasta que se convierte en tragedia. La mayoría de los casos empiezan con insultos y amenazas que escalan en espirales de golpes, silencios forzados y, muchas veces, feminicidios desgarradores.
El nombre que hoy vuelve a ocupar esas denuncias con una nueva agresión es el de Gustavo Rugeles, autodenominado periodista de investigación, pero en realidad un operador de redes que fabrica falsedades con maquillaje de información. Las vende al mejor postor y luego las disfraza de periodismo en su blog El Expediente.
Su historial documentado no empieza ahora. En 2015, la periodista de La W, Johana Fuentes, denunció que Rugeles, su pareja en ese momento, la acorraló en su apartamento, la tomó del cuello, la empujó contra una pared y la forcejeó hasta romper una ventana, dejándole la mano ensangrentada, mientras la insultaba gritándole “perra”. Los vecinos alertaron a la Policía, pero, pese a las evidencias, y a que ella acabó en la clínica con puntos y en estado de shock, Rugeles salió libre y, para completar el absurdo, terminó solicitando una medida de protección a su favor, recurso que ha sabido usar con frecuencia.
El 27 de diciembre de 2017, la Policía acudió a un llamado de vecinos y encontró a Marcela González Olaya, pareja de Rugeles, con graves lesiones que Medicina Legal certificó con diez días de incapacidad. Poco después, ambos aparecieron en un video afirmando que todo se resolvería “en pareja” y acusando a terceros de tergiversar la información. En juicio, González se acogió a su derecho a no declarar; el juez solo contó con el testimonio de un patrullero, y la defensa incluso llegó a culpar a una mascota de tres meses por las heridas. En 2020, Rugeles fue absuelto por duda razonable, y el Tribunal de Bogotá confirmó la decisión.
El 10 de enero de 2019, González volvió a denunciar a Rugeles ante la Fiscalía en Madrid, Cundinamarca, relatando golpes, mechones de pelo arrancados, ataques con un zapato en la cara y agresiones verbales cargadas de misoginia, incluso en presencia del esquema de escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asignado a Rugeles. Según su relato, los ataques se repitieron más de cinco veces, una de ellas con un cuchillo en la mano mientras él decía que “se morirían los dos”. Sin embargo, tampoco siguió adelante en juicio y, otra vez, el silencio de la víctima se convirtió en la libertad del agresor, confirmando el patrón de denunciar y desistir, que se repite en muchos casos de maltrato.
La violencia que encarna Rugeles no ocurre en el vacío. La Defensoría del Pueblo reportó que, en los primeros cuatro meses del año, hubo más de 5.300 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Y Medicina Legal identificó, hasta abril, 13 asesinatos en contexto de pareja y 6 por violencia intrafamiliar. Entre enero y julio de 2025, se han registrado 501 feminicidios en Colombia, según el Observatorio de Feminicidios, 72 de ellos solo en julio y repartidos en 20 departamentos. Las cifras son demoledoras, en donde cada estadística es un recordatorio de que detrás de cada golpe contra una mujer que es silenciado, puede haber un feminicidio anunciado.
Por eso vamos a la nueva denuncia. La Comisaría de Chía concedió el 25 de junio una medida de protección para Marcela González, después de que Rugeles la agrediera física, verbal y psicológicamente, y amenazara con incendiar su casa. Rugeles y González han sido pareja durante nueve años, tuvieron un bebé NNA (niño, niña y adolescente) que tiene 16 meses de edad y, pese a terminar su relación amorosa en mayo de 2023, según González, cohabitaban juntos en la misma casa en pro de la crianza de su bebé.
Esa orden, que debía frenar el hostigamiento, se convirtió en cenizas antes de arder. Apenas notificado, el pasado 26 de junio, Rugeles empezó a escribirle correos electrónicos a su expareja rogando e implorando que retirara la medida. Cuando vio que no lograba su objetivo, cambió de tono. Pasó del ruego al insulto, de la súplica a la amenaza.
En un correo electrónico del pasado 22 de julio, Rugeles le escribió a su víctima: “los rateros cometen muchísimos errores, por eso terminan como terminan”, sumando a correos agresivos que vienen desde hace dos años. Ese mismo día, la acusó de hurtos, interceptaciones ilegales y extorsión. La chantajeó con presentar denuncias falsas si seguía reuniéndose con su abogada. La intimidó con abrir procesos judiciales interminables hasta quebrarla moralmente.
Sin ser eso suficiente, el 24 de julio, radicó ante la Comisaría una declaración escrita en la que acusó a Marcela González de extorsión y fraude procesal. Después vinieron más correos. El 26 de julio la acusó de secuestro de bienes muebles. Luego la culpó de daño en bien ajeno. Al día siguiente, en un e-mail, agregó el robo de trofeos deportivos y hasta de una propiedad inmueble. Ya vamos a explicar.
La obsesión no es casual. Cada mensaje revela la verdadera intención, mantener un contacto constante con la víctima, aunque sea a través del acoso. El 16 de agosto, la violencia escaló de nuevo. Rugeles pidió exámenes psiquiátricos para la víctima, su abogada y hasta su madre. El objetivo era claro: descalificarlas, ridiculizarlas, sembrar dudas sobre su salud mental. Una estrategia de manual para silenciar mujeres.
Ese mismo día, exigió acceso a los vecinos de la víctima con la excusa de vigilar quién entraba o salía de su casa. Quería tener ojos sobre su vida privada, instrumentalizando a su propio bebé NNA como pretexto.
El 19 de agosto, apenas tres días después de esas amenazas, Rugeles presentó una nueva solicitud formal de medida de protección en contra de Marcela González, incluso en representación de su bebé NNA de 16 meses. En apenas dos meses, entre el 25 de junio y el 19 de agosto, Rugeles acumuló amenazas, denuncias, acusaciones y solicitudes de medidas. Cada fecha es un peldaño más en la escalada de hostigamiento.
El expediente de la Comisaría de Chía lo registra como víctima de presunta violencia psicológica, económica y patrimonial por parte de su pareja. La maniobra recuerda lo ocurrido una década atrás con la periodista Johana Fuentes, cuando, tras atacarla físicamente, terminó siendo él quien solicitó una medida de protección en su favor. Una estrategia repetida: transformar la figura del agresor en la del protegido, blindarse con papeles oficiales, mientras las víctimas quedan expuestas y revictimizadas.
Una de las principales razones del conflicto es una casa en Chía, en el conjunto San Miguel de San Valentín, donde vivián. Aunque en la promesa de compraventa firmada el 3 de agosto de 2024, y en la escritura de mayo de 2025, figura Marcela González como compradora, Rugeles sostiene que aportó parte del dinero y reclama ser copropietario. En la casa habitaban González y Rugeles con su bebé NNA. La disputa, agravada por un episodio en la notaría 52 de Bogotá, donde se denunció una presunta agresión física al bebé NNA de la pareja por parte de Rugeles, convirtió el inmueble en un escenario permanente de tensiones, más allá de la convivencia, por el control simbólico y económico que representa.
En su versión escrita ante la Comisaría, Rugeles afirmó haber entregado en esa notaría 65 millones de pesos en efectivo como parte del negocio por la casa y dijo que su escolta de la UNP fue testigo de esto. Esa afirmación, más allá de la controversia sobre a quién corresponde la titularidad, introduce un elemento inquietante: el manejo de altas sumas de dinero en efectivo, en un contexto en el que ambos mantenían disputas judiciales abiertas.
La discusión por la casa se convirtió en uno de los detonantes de nuevas agresiones. Tras la firma, comenzaron correos y mensajes en los que Rugeles acusaba a su expareja de intentar “despojarlo” de la propiedad. A esas recriminaciones se sumaron insultos como “perra” y “zorra”, advertencias de que incendiaría la vivienda, y hasta episodios reportados por Marcela, en los que él habría manipulado la llave del gas, varias veces, para intimidarla. El inmueble, más que un hogar, se transformó en campo de batalla.
El expediente de la Medida de Protección No. 132-2025 confirma esa situación. La Comisaría de Familia de Chía describió a Marcela en un estado de afectación psicológica severa, llanto recurrente, pensamiento desorganizado, lenguaje incoherente en tramos, producto de la violencia verbal, psicológica y patrimonial ejercida por Rugeles. El despacho concluyó que el riesgo se extendía al bebé NNA de ambos, presente durante los episodios, y ordenó el desalojo inmediato de Rugeles de la vivienda. En la denuncia también quedó consignado que Rugeles consumía drogas de manera habitual, incluso frente al bebé NNA, lo que reforzaba el ambiente de inestabilidad y peligro dentro del hogar.
A esa ecuación de riesgo se suma un dato inquietante relatado por la víctima. Rugeles tendría en su poder armas de fogueo, fuera de su esquema de dos escoltas con el que todavía cuenta asignado por la UNP. La combinación de un historial probado de violencia intrafamiliar, amenazas de incendio y persecución psicológica con la tenencia de armas y protección oficial no solo agrava el peligro para la víctima, sino que expone una falla grave en el sistema de prevención. En lugar de reducir el riesgo, el Estado lo estaría amplificando.
Pero volvamos a los pagos en efectivo del señor Rugeles. En conversación con esta columna, Marcela González aseguró que son parte central de la actividad de su agresor. Según su conocimiento, él recibe dinero en sobres, entregados directamente por terceros, a cambio de publicaciones o silencios en su blog El Expediente.
Según la víctima, las sumas variaban entre tres y veinte millones de pesos por encargo. En su testimonio, Marcela González mencionó, además, personas y esquemas. Aseguró que Rugeles trabajaba de la mano del señor Edmundo del Castillo, exsecretario jurídico de la Presidencia durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y condenado por las chuzadas del DAS, con quien presuntamente se repartía algunos contratos a partes iguales.
Señaló la víctima que bajo su conocimiento ha recibido supuestos pagos de personas cercanas a entidades como Fedegan y la Contraloría, usualmente entre seis y doce millones de pesos. Y que, cada dos meses, iba a la oficina del hoy candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, de donde salía con sobres de efectivo. Esto no está probado legalmente y lo cierto es que el abogado De la Espriella ha negado esa acusación, en varias ocasiones, pero nunca ha ocultado su amistad con Rugeles y haber sido defensor del acusado agresor.
Esa mecánica de dinero en sobres es la misma que traslada a su vida íntima, donde todo parece girar en torno al control, la amenaza y la manipulación. En un documento de 51 folios, presentado el pasado 27 de junio ante la Comisaría Segunda de Chía, el señor Rugeles, en su derecho de defensa frente a la medida de protección solicitada por Marcela González, admite que sus finanzas no siempre son bancarizadas.
No solo aseguró haber pagado en efectivo los 65 millones de pesos de la casa, sino que reconoció entregar dinero semanal a Marcela de la misma forma, además de comprar motos por millones de pesos, siempre en efectivo. En el mismo escrito, calificó la medida en su contra como “temeraria” y la atribuyó a un supuesto intento por separarlo de su bebé NNA y despojarlo de la vivienda que, según él, financió íntegramente y que puso a nombre de la madre de su bebé NNA por tres procesos de embargo que tiene en su contra, por el atraso en el pago de un vehículo y motos adquiridas con créditos bancarios.
La disputa sobre la propiedad de la casa pertenece al ámbito privado; lo que sí compete al debate público son las amenazas y el patrón de abuso ya documentado. El documento de incumplimiento de la medida de protección contabiliza más de treinta hechos de violencia psicológica en apenas sesenta días.
En paralelo, los insultos alcanzaron niveles de sevicia: “Hija de puta, malparida, maldita rata, perra miserable”, le escribía. También generó acusaciones de golpes y quemaduras contra su hijo, ocurridos cuando estaba bajo su propia custodia, responsabilizando a la madre. Todo consta en correos del 16 de agosto, a las 5:00 de la tarde, tras más de ocho horas con el bebé NNA (niño, niña y adolescente).
Ese entorno de amenazas y abuso se adereza con una simbología escalofriante. Imágenes conocidas por esta columna muestran que en su casa Rugeles mantiene un altar con velas, figuras religiosas y símbolos neonazis, incluida una esvástica, mezclados con fotos familiares y objetos cotidianos. Lo íntimo convive con lo siniestro, lo sagrado junto al odio totalitario. Una escena que retrata su fanatismo y un culto a la violencia que termina alimentando sus pulsiones de control.
Esa puesta en escena no es decorativa, es el reflejo de un método en donde el patrón de poder misógino es evidente. En la casa, el ciclo es ruegos, maltratos, amenazas, calumnias y difamación. En su blog, el libreto se convierte en una metáfora de eso donde monta un artículo con falsedades, aprieta con acusaciones y al final cobra por callar o atacar. Así, la violencia íntima y la extorsión pública son dos caras de una misma moneda.
Pero terminemos con el riesgo que acá es inminente. Y es que hay un bebé NNA en el medio de esa pelea que es testigo e instrumento de una de las formas de maltrato más cruel. En especial porque existe la lamentable posibilidad de que la víctima retire la denuncia o se arregle con su agresor, pero nada borra lo sucedido ni cambia lo esencial y es que Gustavo Rugeles no es más que un agresor, pirómano y maltratador. Amenaza con incendiar la casa de su bebé NNA, quema reputaciones con artículos inventados y alimenta la violencia en un país donde demasiadas mujeres han terminado muertas por la inoperancia institucional.
@yohirakerman;
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