La calamitosa situación fiscal en que ha caído el Gobierno de Gustavo Petro lo está haciendo buscar dinero desesperadamente hasta debajo de las piedras.
Lo más probable es que la reforma tributaria no se la apruebe el Congreso. Sus relaciones con el Ejecutivo están en el peor de los momentos. Es, además, el 2026, un año electoral y el último de la administración Petro. Las reformas tributarias se suelen presentar y aprobar en los primeros años no en el último.
El Gobierno parece entender que así se van a suceder las cosas. ¿Qué vendrá entonces? Vendrá, en primer lugar, la usual retahíla de insultos presidenciales contra los congresistas que no voten favorablemente la reforma tributaria. Los tratará de traidores y de enemigos del pueblo. La retahíla ya comenzó de hecho.
Vendrá enseguida la continuación afanosa de la práctica en que ya se encuentra el Gobierno de buscar recursos para sobreaguar hasta el 7 de agosto de 2026, a como sea. Seguirá buscando dinero hasta debajo de las piedras. Así distorsione aún más lo poco que está quedando de seriedad en la hacienda pública.
Ya ha venido haciendo por la puerta de atrás pequeñas reformas tributarias que pasan desapercibidas. Como fue el caso de anticipar las retenciones que debían pagar los contribuyentes en el 2026 para el 2025. O como la que ahora propone de elevar la factura de la energía eléctrica en un 20 por ciento a sectores tan cruciales como la agricultura o tan agobiados con multitud de otras cargas como los combustibles fósiles y el carbón.
Otra manera de buscar recursos hasta por debajo de las piedras es no pagar lo debido. Todos los días leemos noticias de sectores que están al borde del colapso financiero porque el Gobierno no les paga lo que les debe. Tal es el caso de los subsidios en la tarifa eléctrica de los estratos 1, 2 y 3. O las deudas a las IPS al no ajustar en la magnitud ordenada por la Corte Constitucional la UPC. O el acumulado de culebras para con los contratistas de obras públicas, con las universidades, con el programa de alimentación escolar, con los concesionarios de peajes, etc., etc. La lista es interminable.
Este Gobierno está cuadrando caja aplicando la filosofía de Simón el Bobito, que consiste en abrir huecos en el futuro para tapar otros del presente.
O haciendo desesperadas maromas para conseguir plata en el presente inmediato sin parar miras a los pleitos o en las distorsiones institucionales que puede crear. Un buen ejemplo de ello es el proyecto de decreto que busca dotar al Ejecutivo de la facultad para modificar unilateralmente (no de consenso con los contratistas, como sería lo correcto) las obligaciones de vigencias futuras.
Con los títulos de deuda pública (TES) también se vienen haciendo maromas indefensables que no tiene otro propósito que buscar liquidez a cualquier costo. Así, por ejemplo, pagarle a Ecopetrol la deuda que con ella se tiene por el Fondo de Estabilización de Combustibles con títulos de deuda pública de corto plazo, que Ecopetrol tiene que salir a vender con descuento en el mercado. O la nueva y riesgosa política de concentrar un porcentaje creciente de la deuda pública en TES de corto plazo (más volátiles que los bonos de largo plazo), que es otro buen ejemplo de lo que está sucediendo.
Todas estas maromas no son otra cosa que la búsqueda desesperada de liquidez de la que carece el Gobierno. La vía racional de moderar el gasto no aparece en la agenda gubernamental.
La indefensable tarea de hacer el ajuste fiscal -al cual ya renunció este Gobierno- se la ha dejado a quien lo suceda. “Después de mí, el diluvio”, diría Luis XIV.
Por un proyecto de reforma tributaria mucho más suave que el que radicó el Gobierno de Gustavo Petro, al pasado gobierno se le cayó un ministro de Hacienda y se dio Inicio al estallido social. No creo que vaya a tener en el Congreso buen futuro este disparatado nuevo proyecto de reforma tributaria, así les lluevan a los parlamentarios Insultos y agravios de la Casa de Nariño si no la votan positivamente.
El Gobierno no ha querido entender que el imperioso ajuste fiscal no se hace a punta de nuevos impuestos, sino apretándose el cinturón de los desaforados gastos de funcionamiento que crecen mucho más rápido en el Presupuesto de 2026 de lo que se estima crecerá la inflación el año entrante. No hay tal que el proyecto de reforma tributaria que se divulgó busque exclusivamente aumentar la carga tributaria de los más ricos: le propina golpes despiadados a la clase media.
Los datos que se han venido revelando muestran fehacientemente que lo que está creciendo de forma desaforada en la administración Petro son los gastos de funcionamiento: burocracia pura y dura.
Por ejemplo, se informa (en base a cifras oficiales del Secop) lo siguiente: “Entre el 7 de agosto de 2022 hasta el 30 de junio de 2025, el número de contratos hechos bajo OPS (órdenes de prestación de servicios) ya es de 418.805, por un valor de 15 billones de pesos”. Y Fedesarrollo agrega que en este solo año de 2025 “la burocracia crecerá 28 por ciento, equivalente a 10 billones de pesos adicionales de gasto”. Así las cosas, el Gobierno carece de cualquier autoridad ética o administrativa para recabar una nueva reforma tributaria a los colombianos.
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